A EX ALCALDES HOYOS Y HOENIGSBERG LOS PROCESARON CON PRUEBAS ILÍCITAS Y FALSAS JUZGADO DEBE RESOLVER PETICIÓN

Doctor
Pedro Antonio Villamizar Giraldo
Juez Tercero Penal del Circuito
Bucaramanga
Ciudad.

Ref.: Proceso No. 2009-0022- 00
Asunto: NULIDAD Y EXCLUSION DE LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN DE LA
PRESENTE ACTUACIÓN JUDICIAL

Señor Juez:
Con fundamento en los artículos 29 de la Constitución Política, artículos 23,
235, 261 y 306 de la ley 600 de 2000, artículos 260, 359, 360, 455 y 457 de la
ley 906 de 2000, los artículos 168, 244, 245, 269 y 270 de la ley 1564 de
2012, presento ante usted la presente NULIDAD, solicitud de exclusión y
declaratoria de TACHA DE FALSOS de los documentos que soportan el
presente juicio que adelanta su despacho.
Los informes periciales que soportan la resolución que resolvió la situación
jurídica y la de acusación proferida por la fiscalía el día 27 de enero 2006 y la
cual quedo ejecutoriada el día 19 de abril de la misma anualidad, son
aberrantemente falsos.
Antes de entrar a detallar cada una de las falsedades de los documentos que
soportan el presente juicio debo denunciar las evidencias que demuestran la
interferencia de factores extra procesales en la presente acusación.
La contaminación extraprocesal de la acusación
Dicen que no hay mejor juez que la historia.
En 1993 ciertos sectores arraigados en el burocratismo atrasado y medio
feudal de la ciudad que se oponían al traslado de la sede de la alcaldía de
Barranquilla y vaticinaban lo siguiente:
“El edificio del Banco de la Republica es muy viejo y no sirve”
“El edificio del Banco de la Republica habrá que demolerlo primero”
“La Nueva Sede de la Alcaldía es un edificio suntuoso”
“Las obras nuevas de la alcaldía no duraran ni 5 años”
“Mientras la ciudad se traslada para el Norte el alcalde se lleva la sede de la
alcaldía para el mercado”

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20 años después de los hechos y observar que el edifico está en perfecto
estado, que sus obras perdurarán por 50 años más, que su traslado modernizo
la institucionalidad publica, revitalizo el Centro Histórica y logro iniciar e
impulsar los proyectos de la Misión Japonesa, podemos decir que la historia
nos ha dado la razón y nos ha absuelto.
Y estos 20 años nos ha permitido adentrarnos en el fondo del proceso y
espulgar folio por folio de un mamotreto de expediente de aproximadamente
30 mil folios que soporta el otro juicio conexo que se adelanta en la ciudad de
Bucaramanga.
Y en esta revisión debo decir sin tapujos que es un horror lo que se ha
encontrado, porque no hay prueba válida, legal y licita que compruebe los
argumentos de la acusación, por el contrario, las pruebas lo que demuestran es
que este proceso se dio por influencias o interferencias externas o extra
procesales en la construcción de la acusación.
Algunos y yo mismo sostengo, que los políticos por lo general incurren en el
error de asumir defensas políticas en procesos jurídicos y eso conlleva a que
siempre lo que se dice se parece en si por lo general y sobre todo cuando se
usa una frase de cajón “esto es una persecución política”, sin embargo a pesar
de eso, en mi caso he tratado de abstenerme de hablar en extremo sobre el
tema por fuera del proceso y en función de ello, siempre he asumido con
estoicismo cada llamado y cada carcelazo que sin ningún tipo de
consideración o tratamiento diferencial me han impuesto, por eso con mayor
razón tengo el derecho de hablar.
En la vida son poco los momentos y poca las personas que hacen una
retrospectiva de su vida, porque la vida diaria es intensa, mecanizada y
globalizada, donde estamos en función de vivir el momento, el minuto e
incluso algunos dicen que dormir menos permite ver más extensamente la
vida, olvidándose que los pensamientos, los sueños, los recuerdos, la
memoria, son descansos en los cuales se construye el futuro.
En este vigésimo aniversario del proceso, he tenido la oportunidad de poder
ver en retrospectiva la actuación procesal y poder manifestar los horrores ante
el juez, lo cual es poco común en los procesos judiciales, porque todo siempre
se ciñe y adelanta con el afán de las etapas, los términos y el poco espacio y
tiempo para reflexionar, mucho más ahora en el sistema oral donde todo el
derecho se ha mecanizado.
Sin embargo, en este proceso, hemos tenido la virtud de haber contado con un
tiempo extra que nos ha permitido descubrir como las actuaciones procesales
en la instrucción están interferidas por situaciones extra procesales.

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Además, en el juicio se ha creado una discusión con la ruptura del proceso,
con las pruebas técnicas y el cambio de decisión sobre si el informe contable
134, es o no un dictamen pericial entre otros, estos son temas y momentos que
nos han dado una oportunidad mayor para reflexionar, revisar y en especial
corroborar o probar los elementos probatorios entregados por la fiscalía en la
acusación.
Y lo que hemos encontrado es sinceramente deplorable y es una vergüenza
para el proceso en sí, porque está probado que este proceso penal en la
construcción de la acusación hubo interferencia extra procesal (política).
El solo hecho de como la actuación procesal fue simétrica a situaciones
electorales, prueban eso y aquí no se trata de encontrar culpables sino de
subsanar las graves violaciones a los derechos humanos, a rescatar la verdad,
la lealtad procesal y la justicia misma.
Ni siquiera el recurso de REVISION, contemplado en nuestro derecho permite
hacer análisis retrospectivo de las actuaciones procesales, porque mucho de
sus postulados son letra muerta, como el caso de la prueba falsa, donde se
exige que para demostrarse debe haber una sentencia en firme y esto nunca
pasara mientras la investigación tenga que adelantarla la misma entidad que
produjo la prueba falsa.
En nuestro caso, se ha denunciado la actuación irregular de los peritos que
pertenecen a la fiscalía y sin embargo esta investigación se ha engavetado por
la misma fiscalía en función de su solidaridad de cuerpo o en no dejar que uno
de sus funcionarios sean sancionados.
Cada vez que se habla se este tema, los funcionarios judiciales en su justo
derecho y desespero de su economía procesal, desestiman las denuncias, las
evidencias y los hechos notorios para no complicarse, pero señor juez, aquí la
situación es tan grave que toda la actuación de la instrucción expele un hedor
insoportable y sobre lo cual usted de manera racional, sopesada y
gallardamente debe decidir y sobre todo usted señor juez, que está atado al
hecho de que su superior jerárquico el Tribunal Superior de Bucaramanga, en
otro momento en el proceso conexo, ya produjo un fallo con unas pruebas
falsas e ilícitas que hoy día se han descubierto.
Ahora, para continuar con el objeto de este escrito de manera sucinta presento
a usted, las consideraciones que la fiscalía plasmo es sus escritos para acusar y
los elementos materiales probatorios con que se sustentó este vergonzoso
proceso y el cual resumo en lo siguiente:

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1. Consideraciones de la Fiscalía en la acusación:
Sobre los rendimientos financieros:
1.1. “Esos $1.400 millones correspondientes al 94% entregado al contratista generaron
intereses en cifra cercana a los $105 millones que no ingresaron a las arcas de las
cuentas del contrato, como debió ser ya que se trataba de dineros oficiales. Tampoco se
hizo compensación alguna en el arreglo directo sobre dicha cifra”.
Sobre el Contrato Accesorio:
1.2. “En efecto, las pruebas allegadas y el texto mismo del llamado contrato accesorio, nos
permiten deducir con fundamento que el móvil que condujo al consejo del abogado Sereno
Caballero para que se celebrara éste, era no sólo ampliar el plazo y las cantidades de obra
inicialmente pactadas, sino amparar una serie de obras nuevas jamás previstas en el ilegal
contrato génesis, cuyo costo de $455.000.000 imponían la convocatoria de licitación
pública pues equivalían a un nuevo objeto contractual a regirse por la Ley 80 de 1993”.
1.3. “El contrato accesorio fue entonces ilegal porque a través de él se contrarió la
prohibición de modificar el objeto de los contratos y se soslayó realmente la apertura de la
licitación pública que mandaba la Ley 80 de 1993; como igualmente presuntamente ilegal
el móvil que acompañó a quienes lo confeccionaron pues como se vio el accesorio no fue
más que la mampara que ocultó la obra nueva querida por las partes, pero jamás prevista
en los términos de referencia del contrato inicial”.
1.4. “Así entonces, tenemos claridad que el objeto contratado a través de este sistema fue
presuntamente ilícito, como presuntamente ilegal el móvil que acompañó a quienes lo
confeccionaron pues como se vio el accesorio no fue más que el artificio para ocultar la
obra nueva querida por las partes, pero jamás prevista en los términos de referencia del
contrato inicial”.
1.5. “De ahí la ilegalidad del contrato accesorio del 23 de agosto de 1994, lo que da pie para
edificar el presunto cargo de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos
legales”.
Sobre el Arreglo Directo:
1.6. “El documento eje del acuerdo lo fue, según dice la misma acta, el oficio del 29 de abril de
1996 por el cual Bustillo Cervantes relacionó los gastos dejados de pagar al contratista
cercanos a los 650 millones de pesos. Siendo el valor del arreglo $3.471’121.704 con lo
cual se dijo quedaban liquidados finalmente tanto el contrato de administración delegada
como el accesorio.
1.7. “No logra entender la Fiscalía ni han logrado explicar los sindicados por qué si los cerca
de $3.000 millones que valieron los contratos de administración delegada y el accesorio
fueron pagados en su integridad al contratista, éste pide, dos años después millonaria
indemnización derivada de los presuntos pleitos laborales a los que se vio abocado por no
pagar los subcontratos y órdenes de trabajo en el momento en que debió hacerlo, si como
se sabe el contratista era el único responsable de los pagos a esas personas?”.
1.8. “Otro aspecto importante es que en la mentada acta se habla del pago de obra ejecutada
por fuera de los tan mentados contratos, sin que exista la menor prueba de quién autorizó
tales obras, conforme quedó relievado en precedencia”.
1.9. “Llama la atención que en el anexo del arreglo sólo se hable de subcontratos, órdenes de
servicio, suministros, órdenes de trabajo y gastos administrativos que dan los casi $3.500
millones, pero no se señala el costo del estudio arquitectónico que todo indica se pagó en
la conciliación. Qué ajustes se hicieron para llevar esos valores como subcontratos de la
obra?”.

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1.10. “Qué tan válido es jurídicamente reconocer a través de un “arreglo directo” el valor de
un contrato verbal de la Administración Pública, celebrado para ocultar los vicios de un
contrato administrativo? Y qué validez legal puede tener tal acuerdo si en él se recurre a
relacionar ítems no debidos, amparados en los contratos administrativos, sólo para
asemejar su liquidación?
1.11. “Todo lo anterior permite concluir que con el subterfugio del arreglo directo se
entregaron al contratista $3.471´121.704, a los que debió acceder si es que en verdad se le
debía algo, a través de un proceso ordinario en el que demostrara la realidad de la obra
que no fue contratada por escrito como lo exigían las normas vigentes y la cuantía de lo
debido, en este caso que apenas alcanzaba la cifra de $153’697.400 en junio 1º de 1995,
con la indexación que ordenara el juez de conocimiento”.

2. Las Pruebas de la Fiscalía:
2.1. “Pericialmente se ha establecido que el valor de la obra realmente ejecutada corresponde
a la sumatoria de los valores señalados en los contratos de administración delegada y el
accesorio”.
2.2. “No existe sustentación a valores debidos en razón de ese contrato para conducir al
arreglo directo”.

2.3. “La presunta responsabilidad imputada se hará igualmente en concurso heterogéneo con
los PECULADOS derivados por los sobre costos advertidos en el dictamen pericial y el
monto del llamado arreglo directo cuyas bases económicas han sido cuestionadas en esta
misma decisión por carecer de fundamento real frente a lo que fue motivo de los dos
contratos”.
2.4. “Oportuno también aludir que el Despacho mediante providencia del diez de agosto último
se pronunció sobre el tramite incidental que por error grave propuso otrora defensor del
contratista Torne Brown a un dictamen pericial, declarando ajustado el experticio que en
punto de sobre precios 1 pagados acreditaron peritos del C.T.I. en más de ciento cuarenta y
cuatro millones de pesos 2 , fijada la cifra en más de doscientos sesenta y siete millones de
pesos en el nuevo dictamen con el que se pretendía corregir el supuesto yerro de los
primeros peritos, sin que contra dicha providencia y nueva peritación dijeran algo los
sujetos procesales”.
2.6. “.Allegadas otras pruebas, testimoniales, documentales, periciales y ampliaciones
injuradas, incluida la del sindicado Hoenigsberg Bornacelly, alusivo todo con los dineros
que en marzo de mil novecientos noventa y cuatro recibió el contratista Torne Brown, el
ciclo instructivo por este especifico tema y punible fue cerrado y calificado 3 el mérito
sumarial mediante providencia del seis de mayo del año anterior en relación exclusiva con
estos sindicados, profiriéndoseles resolución acusatoria por el delito de peculado por
apropiación a favor de terceros”.

1 Auto por medio del cual la Fiscalía declara infundado el error al dictamen pericial que fijo sobre costos
por más de 154 millones de pesos. F. 216 y 250 y siguientes del cuaderno del incidente.
2 Dictámen pericial de sobre precios cuantificados en $144.713.020 visible al folio 174 C. 7
3 Resolución acusatoria fechada el 6 de mayo de 2005 visible a folio 53 y siguientes del cuaderno 22.

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2.7. “Los indicios graves de oportunidad para delinquir, de móvil y de huellas dejadas por la
misma administración en el devenir investigado, quedaron agregados como soporte
probatorio para pregonar en contra de cada uno, los cargos que por delitos acabados de
citar respecto de la presunta contratación ilegal del accesorio o adicional suscrito el 23
de agosto de 1994, en concurso heterogéneo con los homogéneos y sucesivos peculados
por apropiación derivados de los sobre costos, los intereses dejados de devengar por la
administración sobre el dinero que se le entregó al contratista al iniciar la obra sin
respaldo legal, y la cuantía del arreglo directo, utilizado éste como subterfugio de
liquidación para pagar sumas que no se causaron en los dos contratos, como hasta ahora
aparece probado en el instructivo; éste último exceptuado únicamente para Saavedra
Ballesteros que laboró hasta diciembre de 1994”.
2.8. En el Cuaderno No. 22, está la Resolución donde se resolvió la situación jurídica de los
procesados y donde allí se enumeran cada una de las pruebas que soportan la respectiva
resolución.
2.9. La Resolución que resolvió situación jurídica con fecha del 6 de mayo de 200, relaciona el
Dictamen Pericial A&I 140 del 8 de junio de 1999, ampliado mediante informe A&I 179
del 21 de junio de 1999 y el cual se terminó con el informe A&I 361 del 29 de noviembre
de 1999 y donde expresamente se dice como conclusión que: “Los precios unitarios se
extractaron de los boletines informativos Construdata y del SISPAC # 25 de junio de 1994
y # 31 de junio / julio de 1995, donde aparecen los análisis de precios comerciales e
insumos para Barranquilla en esos años, datas en que fueron ejecutados las obras. A ello
se le incremento el 25% de AIU (administración, impuestos y utilidad) para subcontratos,
ordenes de trabajo y ordenes de servicio, atendiendo lo señalado en la Resolución # 762 del
23 de octubre de 1998”.
2.10. El documento No. A&I 097 del 23 de junio de 2000, donde los peritos se pronunciaron
sobre unas peticiones del defensor sobre los dictámenes.
2.11. Las conclusiones de las ampliaciones de los dictámenes periciales se sintetizan así : Hay
contratos por $2.549.140.938, actas de liquidación final por $2.538.221.892, sobrecostos
por $144.713.020, según la resolución que resolvió la situación jurídica que se basó en
los dictámenes periciales.
2.12. Se relaciona el Dictamen Contable 134 del 25 de junio de 1999.
2.13. Y finalmente se relacionan los Dictámenes periciales 1583 del 27 de marzo de 2002 y el
Dictamen pericial No. 1140 del 14 de marzo de 2003.

3. Conclusión de las consideraciones y de las pruebas recopiladas por
la fiscalía en la acusación:
Para la fiscalía, todos los resultados de las obras contratadas y ejecutadas; Los
sobreprecios relacionados; El estudio de precios de mercado de los ítems
contratados en las obras; Los valores totales de las obras contratadas y
pagadas, fueron calculados en los distintos dictamines periciales de acuerdo a
los precios unitarios extractados de los “boletines informativos
CONSTRUDATA y del SISPAC.

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Según los peritos en sus dictámenes periciales, los precios unitarios
extractados de los “boletines informativos CONSTRUDATA y del SISPAC,
fueron la base para el análisis de precios comerciales e insumos de la
construcción, para Barranquilla en esos años 1994 y 1995.
De acuerdo a los peritos, a los precios relacionados en cada ítem en los
distintos dictámenes periciales, se le incremento un 25%, por concepto de
A.I.U. (administración, impuestos y utilidad) a los subcontratos, órdenes de
trabajo y órdenes de servicio, atendiendo lo señalado en la Resolución #762
del 23 de octubre de 1998, según lo citado en los folios 198 y 201, del
Cuaderno No. 22.
En consecuencia todos los informes periciales allegados al expediente y
clasificados con los Números A&I 140 del 8 de junio de 1999, el A&I 179 del
21 de junio de 1999, el informe A&I 361 del 29 de noviembre de 1999, el
dictamen 097 de 2000; el 021 de 2001 y el 01140 de 2003, se hicieron con
base en los precios unitarios extractados de los “boletines informativos
CONSTRUDATA y del SISPAC #25 de junio de 1994 y # 31 de junio/
julio de 1995.
La fiscalía ha soportado sus resoluciones de acusación con fundamento en las
pruebas provenientes de unos dictámenes periciales ordenados e incorporados
en toda la actuación investigativa.
Los hechos según la fiscalía ocurrieron en los años 1994, 1995 y 1998 y la
acusación quedo ejecutoriada según resolución de segunda instancia de la
fiscalía el 19 de abril de 2006, esto quiere decir que en el juicio llevamos 11
años.
El proceso tiene una particularidad y es que todos los cuadernos de la
instrucción, soportan 2 acusaciones una fallada en contra de unos procesados
por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga y el otro es la causa
que se sigue en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga, con el
número 022 y esa división de la actuación se creó mediante una ruptura
procesal ordenada por la propia fiscalía, pero en la práctica las pruebas del
primer proceso son exactamente las mismas del segundo proceso.
Por la ruptura procesal generada y el tiempo que favorablemente se ha abierto
en el juicio en esta etapa probatoria, este procesado se ha dedicado a evaluar y
comparar de manera detallada lo afirmado por la fiscalía y lo registrado en los
boletines donde se dijo que se tomaban los precios unitarios como fuente de
información para la realización de los dictámenes periciales y lo que se ha
encontrado es un vergonzoso fraude procesal al falsear las fuentes de
información.

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He leído minuciosamente los escritos presentados por los otros sujetos
procesales donde han denunciado las irregularidades procesales al interior de
este proceso y es realmente escandaloso ver esta situación en pleno siglo XXI
y en un país denominado en vía de desarrollo y donde aparentemente sus
instituciones se están modernizando.
Es vergonzoso que unos datos, una información oficial y soportada en
documentos públicos pueda ser alterada sin que sus productores y
procesadores se ruboricen.
Los valores registrados en todos los informes periciales son ILICITIOS Y
FALSOS, están alterados y simulados, ninguno de los precios o valores
tomados por los peritos corresponden a los boletines reales de las Revistas
CONSTRUDATA y SISPAC, donde supuestamente los peritos tomaron la
información para hacer los cálculos de los precios de las obras, contratadas,
liquidados y ejecutados.
Además, los valores reales de las de las Revistas CONSTRUDATA y
SISPAC, no podían ser la base para el cálculo de los dictámenes periciales,
porque estas revistas no incluyen los valores de acarreos, trasporte, AIU y del
IVA.
Nunca los peritos como funcionarios del C.T.I., se imaginaron que con el
tiempo su trampa se iba a conocer y sobre todo que los propios creadores,
editores y directores de las revistas certificarán la ilicitud y falsedad de los
datos de los dictámenes.
Los peritos habilidosamente cuando presentaron los dictámenes, nunca
aportaron las supuestas revistas donde habían tomado los precios para así
esconder el fraude, pero la vida misma crea su propia verdad y estas revistas a
pesar de estar descontinuadas se encontraron en una biblioteca nacional.
Los peritos movidos seguramente por estímulos extra funcionales, llegaron a
afirmar que los precios incluidos por ellos en sus pericias tienen incluidos los
costos por acarreo, transporte, A.I.U. y del IVA, lo cual de inmediato
demuestra la ilicitud y falsedad del informe pericial, supuestamente soportado
por las revistas CONSTRUDATA y SISPAC.
Es verdaderamente deplorable, cuestionable y una vergüenza que en este
proceso se esté adelantando un juicio de manera fraudulenta.
Las pruebas son ilícitas y falsas, lo he venido denunciado insistentemente y
sin embargo el proceso sigue como si nada, avasallando los principios del
derecho, de la justicia y de los derechos humanos.
Los documentos ILICITOS Y TACHADOS DE FALSOS, en el presente
escrito, los cuestiono en el siguiente orden jurídico:

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PRIMERO: Los dictámenes periciales No. A&I 140 del 8 de junio de 1999;
El Dictamen Pericial No. A&I 170 del 21 de junio de 1999; El Dictamen
Pericial No. A&I 361 de noviembre de 1999, con su respectiva aclaración y
ampliación 097 y 021 y el Dictamen Pericial No. 01140 de 2003, fueron todos
realizados tomando como base o fuente, unos supuestos precios del mercado
determinados por la REVISTA SISPAC y CONSTRUDATA.
Sin embargo, resulta que los valores que están registrados en las Revistas
reales, existentes y verdaderas del SISPAC, no concuerdan, no coinciden, no
corresponden a los valores reales de las revistas aparentemente utilizadas por
los peritos y ello prueba que los precios tomados por los peritos para su
análisis y los cuales ellos llaman precios del “Peritaje”, en los cuadros de
análisis de los precios registrados en los distintos dictámenes periciales, son
ILICITOS Y FALSOS.
Además, los peritos en una actitud engañosa con el sistema judicial afirman
que los datos los extrajeron de las revistas mencionadas y los calcularon con
los planos originales entregados por el Banco de la Republica y resulta que las
susodichas revistas y los planos originales, nunca fueron entregados o
anexados al expediente original y todo ello se hizo por parte de los peritos de
manera calculada, para que así nadie pudiera verificar o comprobar la
información registrada por ellos en los dictámenes periciales.
En una búsqueda minuciosa que hice, en distintas Bibliotecas a nivel
nacional, a través de unos amigos, he logrado encontrar y recopilar las
Revistas SISPAC, las cuales fueron aportadas al juicio y se encuentran dentro
del expediente de manera extemporánea porque para cuando se hizo la
audiencia preparatoria estas piezas procesales no estaban y ello nos impidió
solicitar pruebas y nulidades con base en esa información que se nos
escondió.
Cualquier persona, cualquier funcionario, puede comparar los precios de los
dictámenes periciales con los de las Revistas SISPAC, reales y existentes en
el expediente y se encontrarán que ninguno de los ítems relacionados por los
peritos concuerdan con los valores o ítems de las revistas reales y algo más
grave, la mayoría de los nombres que los peritos le dieron a los ítems, no
existen en las Revistas SISPAC.
Es tan evidente la ilicitud, falsedad y el fraude procesal en que han incurrido
los peritos que el propio director de la revista SISPAC, ha certificado que
ninguno de los precios de los dictámenes periciales, corresponden a los
publicados en la revista SISPAC.

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El Director de la Revista SISPAC, doctor Rufino Palacio Álvarez, certifico
recientemente en el año 2012, lo siguiente:
 Los ítems señalados en el dictamen pericial son inexistentes y no existe
mayor información sobre su fuente para identificarlos.
 Los valores Unitarios comparados con las Revista SISPAC, ofrecen
valores diferentes a los de la Revista.
 Los análisis unitarios no incluyen los costos de transporte de las
movilizaciones verticales u horizontales.
 Los valores unitarios no incluyen el A.I.U.
En conclusión, los dictámenes periciales se originan de unos datos que son
ilícitos y falsos y no corresponden a la realidad.
La propia declaración del director de la revista SISPAC, tomada por los
peritos, según consta en el folio 92 del Cuaderno de incidente, expresa de
manera tajante que “resultaba de mayor validez el concepto que pudiera
emitir una entidad pública y no una privada” como era su caso y además
que él no podía responder ningún interrogante, porque no contaba con los
valores del año 1994.
Los peritos recibieron 254 PLANOS que sirvieron de base para elaborar los
distintos dictámenes periciales y sin embargo nunca fueron anexados a los
informes periciales y al proceso y ello es muestra clara de una acción
fraudulenta que impidió ejercer el derecho a la defensa, la contradicción de
las pruebas y el debido proceso, como consta en el folio 123 del Cuaderno de
Incidente.
En el folio No. 189 del cuaderno de Incidente, existe una respuesta del
Director de CONSTRUDATA, donde dice que ellos solo incluyeron o
analizaron precios de las obras para Barranquilla a partir de junio de 1997, sin
embargo, los peritos hicieron uso de estas revistas para supuestamente
comparar precios de 1994.
SEGUNDO: El juicio que hoy día se adelanta en este proceso, obedece a que
el ente acusador ha dicho principalmente que la alcaldía de Barranquilla por
medio de una certificación expedida por el interventor, asumió unas
obligaciones de unos saldos de deudas por valor de $781.102.489.40 y esa
deuda según el ente instructor no se adeudaba, porque supuestamente esos
valores se habían cancelado con los recursos del primero y segundo contrato y
para soportar esa teoría del caso, presentaron los dictámenes periciales No.
A&I 140 del 8 de junio de 1999; El Dictamen Pericial No. A&I 170 del 21 de
junio de 1999; El Dictamen Pericial No. A&I 361 de Noviembre de 1999 y el
Dictamen Pericial No. 01140 de 2003.

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Un hecho que llama la atención es que los peritos mismos reconocen que las
“mediciones de cantidad de obra” son aproximadas.
Es decir, los dictámenes periciales no están concluidos y están basados en
datos proyectados, lo cual no representa la verdad y la realidad de las
mediciones en cantidades y valores.
Ninguno de los valores certificados por el interventor como saldos, fueron
pagados o sufragados con los recursos del primero y el segundo contrato.
En los cuadernos de contabilidad está probado que los pagos que se hicieron
en el arreglo directo jamás habían sido pagados en el contrato principal y
accesorio y así mismo esto está demostrado en los extractos bancarios del
Banco Ganadero y del Banco de Bogotá.
Los peritos no especifican cuales son las obras que excluyeron de su informe
pericial y eso impide determinar con exactitud si las obras excluidas por los
peritos son las mismas que están relacionadas en las certificadas por el
Interventor del contrato y esto nos lleva a concluir que los datos no constan en
ningún libro, documento o archivo que este en el expediente y eso viola de
por si las propias exigencias de los dictámenes y lo convierte en una FALSA
afirmación, calculo y apreciación de los peritos.

TERCERO: En la Resolución que resolvió la situación jurídica, se afirma
que se “trabajo sobre los planos o matrices arquitectónicas del edificio,
suministrados por el Banco de la Republica y los planos suministrados en la
inspección judicial por el contratista quien los indico como los que sirvieron
de base a la obra”
Esto es totalmente ILICTO Y FALSO.
Los planos no fueron usados por los peritos para la medición de la cantidad de
obras contratadas y ejecutadas, por eso los ocultaron y nunca los aportaron al
expediente y a los dictámenes periciales, para así impedir que alguien
corroborara la información, por eso solo después de un reclamo colectivo de
los procesados es cuando llegan extemporáneamente al expediente y en medio
del juicio una mínima parte de los planos y para mayor gravedad, en los
planos que llegaron, no están los planos del diseño original del Banco de la
Republica, entregados por la propia entidad y no están los planos,
eléctricos, hidráulicos y sanitarios, fl. 96, 123 y 125 del cuaderno de
incidente.

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Esto significa que los informes periciales no se basaron en los planos donde
están las mediciones de las obras ejecutadas, luego entonces los dictámenes
son ilícitos y falsos porque las obras calculadas no corresponden a las obras
contratadas y menos a los planos entregados por el Banco de la Republica.
CUARTO: La Resolución de acusación afirma lo siguiente: “ Los precios
unitarios se extractaron de los boletines de Construdata y del SISPAC #25
de junio de 1994 y el # 31 de junio/julio de 1995 donde aparecen los analisis
de precios comerciales e insumos para Barranquilla en esos años, datas que
fueron ejecutadas las obras”.
Esta aseveración de los peritos es FALSA y cínica, debido a que el perito
para que no conocieran que los datos entregados por ellos correspondían a
unas REVISTAS SISPAC falsas nunca las entregaron.
Las revistas nunca se incorporaron al expediente y todo ello con el objetivo de
que no se hiciera la verificación de las cifras y esto que manifiesto aquí, está
demostrado con la certificación del director de la revista anexa a la presente
solicitud y el folio No. 92 del cuaderno de incidente, donde el mismo director
de la revista cuando fue requerido por la fiscalía, para que explicara algunos
asuntos de la revista y del dictamen, le dijo a la Fiscalía que “resultaba de
mayor validez el concepto que pudiera emitir una entidad pública y no
privada como era su caso”.
Pero más grave aún, es el hecho de que los peritos hayan dicho que los
precios del mercado tomados como referencia fueron de la Revista
CONSTRUDATA y resulta que en el folio No. 189 del cuaderno de incidente,
allí se deja consignado por parte del director de la revista mencionada,
certifico que la revista Construdata: “incluyo precios de ítems de obra para
Barranquilla se publicó en junio de 1997”.
Como es posible que los peritos utilizaran precios de la revista
CONSTRUDATA, para precios del año de 1994 y 1995, cuando la revista
apenas vino a publicar precios para Barranquilla en el año de 1997, esto es
una ilicitud y falsedad abiertamente desafiante para el sistema judicial.

QUINTO: La Resolución de acusación afirma lo siguiente: “A ello se le
incremento el 25% de A.I.U. (Administracion, Impuestos y Utilidad) para
subcontratos, ordenes de tabajo y ordenes de servicio, atendiendo lo señalado
en la Resolucion # 762 del 23 de octubre de 1998”
Este es otro aspecto que demuestra que aquí estamos frente a una persecucion,
no a una investigacion penal, no hay razon para semejante falsedad, al decir
que el A.I.U., esta incluido en los analisis de precios de los diferentes
dictamenes periciales.

13
Tomese cualquier Subcontrato, orden de servicio, orden de trabajo, o gasto
administrativo y observese la clausula del valor de cada uno de ellos y alli se
podra verificar que alli, no esta inlcuido el A.I.U. y para ejemplo tenemos los
siguientes subcontratos:
 Subcontrato No. 4, folio 64, Anexo No. 8 ¼, noi tine incluido el A.I.U.
y si se quiere ver el desglose o los precios unitarios del contato, se pude
ver los folios 75 y 76 del mismo anexo.

 El Subcontrato No. 21, por valor de $20.993.590.oo, a nombre de
Henry Atencio, corresponde al saldo de la liquidación final del contrato
que no se había pagado y ello fue por la mora en el pago, de todas
manera el A.I.U. y el IVA, no están incluidos en ninguno de los ítems,
esto está probado en los folios 35, 74 y 90 del Anexo No. 30 y en los
folios 55 al 57 en el Cdno. De Anexo No. 5.

 Subcontrato No. 019, folio 80, no tine el A.IU. incluido.
 El Subcontrato No. 022, a nombre de Inter Elevators, está registrado en
el folio No. 91 del Cdno. Anexo No. 30, y así mismo se registra en el
Cuaderno No. 5, folio 71, está al Acta de recibió y donde se indica que
se quedó con un saldo pendiente de $13.518.675.00, allí no se incluyó
el A.I.U. y el IVA.
 El Subcontrato No. 34, está registrado en el folio 60 del Anexo No. 30,
numerales 11, 12, 13 y 14 y en este último, se registró un ítem por valor
de $50.600.000.oo, el cual coincide con el valor del contrato, que está
en los folios 73 al 81 del cuaderno No. 5, sin embargo, allí se registra
que lo que se incluyó en la conciliación fue el saldo adeudado por valor
de $13.759.758.oo, a nombre de DISTRIAIRE, no se tiene incluido el
IVA y el A.I.U.
 Subcontrato No. 076, folio 260, no tine incluido el A.I.U.
 Orden de Trabajo No. 040, folio 332 del Anexo No. 8 ¼, no tiene
incluido el A.I.U. y el IVA.
 En el folio No. 63 del Anexo No. 30, está el ítem donde se registra el
Subcontrato No. 035, por un valor de $44.000.000.oo, este subcontrato
también está en la conciliación, pero allí lo que se registra es el saldo
adeudado, por valor de $ 17.600.000.oo, donde se resalta el hecho de
que no se tiene incluido el IVA y el A.I.U.

14

 Subcontrato No. 063, folios 204 del Anexo No. 8 ¼, no tiene el A.I.U.,
incluso tampoco tien incluido el IVA.
Esto prueba que los dictámenes periciales son ILICITOS Y FALSOS,
también cuando dicen que en ellos se había incluido el A.I.U. y esta falsedad
altera el valor final de los mismos, teniendo en cuenta que el A.I.U.,
representa un 30% del valor del contrato.
Ahora si la variación en un 30% de un valor, no altera el valor final de
cualquiera conclusión o información es porque estamos frente a un
desconocimiento total de la estadística.

SEXTO: La Resolución de acusación, sustentada en los distintos dictámenes
periciales, afirma y concluye que todos los contratos tienen incluido el IVA y
esto es falso, en la sola relación de los subcontratos enumerados en el punto
anterior se verifica que esto es FALSO y así mismo se puede hacer el mismo
detalle y verificación en las ordenes de trabajo, ordenes de servicio y gastos
administrativos y esto altera todos los valores analizados en un 14%,
adicional al 30% del A.I.U..

SÉPTIMO: La Resolución de acusación, sustentada en los distintos
dictámenes periciales y en especial en el 01140 del 2003, en el folio 70 del
Anexo No. 30, señala que los ítems 1, 13 y 15, tienen un sobreprecio de
$7.890.676.oo; $36.664.632.oo y $98.759.940.oo, respectivamente y resulta
que en el cuadro de los dictámenes periciales, donde los peritos establecen los
precios del peritaje y donde dicen que supuestamente esos valores fueron
tomados de las Revistas SISPAC, los peritos dejaron el espacio del “Peritaje”
en blanco.
Lo dejaron en blanco porque los peritos se percataron que era tan aberrante la
ilicitud y falsedad que prefirieron mejor dejar el espacio sin ninguna
anotación o sin ningún valor y esto demuestra de manera ostensible la
falsedad de los supuestos sobreprecios, más cuando estos tres rubros solos,
suman $143 millones de supuestos sobreprecios.
Es decir, a simple vista los $144 millones de sobreprecios, solo en esos tres
ítems, hay $143 millones de sobreprecios que son totalmente FALSOS.

15
OCTAVO: En los folios 243 y 264 del cuaderno de Anexo No. 5, están los
Subcontratos No. 066 y 067, por valores de $23.036.096.oo y de
$22.384.382.oo, a nombre de Héctor Ricardo y sobre los cuales el Distrito no
había cancelado un solo peso como lo prueban los egresos del libro de
contabilidad, estos ítems están clasificados en los ítems No. 23 al 26 del folio
No. 66 del Anexo No. 30 y allí llama la atención que los sobreprecios no
tienen ningún fundamento porque son FALSOS; Al igual ocurre con el
Subcontrato No. 67, donde los ítems están clasificados en los numerales 25 al
29 de los folios 68 y 69 del Anexo No. 30 y llama la atención los
sobreprecios, sin ningún fundamento, al igual el hecho de que en ninguno de
ellos, está incluido el IVA y el A.I.U.

NOVENO: El contrato del arreglo directo se desarrolló en la oficina jurídica
a partir de la certificación entregada por el interventor donde hacía constar
que al Administrado Delegado, se le debían Subcontratos por
$439.330.453.70; Ordenes de servicio por $11.732.085.60; Suministro por
$69.447.112.50; Ordenes de trabajo por $ 30.238.728.00 y Gastos
Administrativos por $230.354.109.50, para un valor total de $781.102.489.40,
lo cual concluyó con una cifra actualizada de acuerdo a la fórmula establecida
por la oficina jurídica de $ 3.471.121.704.oo., todos los valores certificados
nunca fueron pagados por el administrador delegado y así consta en el
Dictamen Pericial No. 134 de 1999 y los libros de contabilidad que obran en
el expediente, en consecuencia es FALSO que esos contratos no se
adeudaban.

DECIMO: En el dictamen pericial 01140 de 2003, se establece que los
“gastos administrativos se pagaron sobre un porcentaje del 9.3376% y
esto es falso porque los gastos administrativos y los honorarios se pactaron en
cada una de las cláusulas en unos valores determinado en valores absolutos en
pesos, lo cual nos indica otra ILICITUD Y FALSEDAD del dictamen al
alterar los valores reales que se pactaron en el contrato de administración
delegada y la prueba de esto son los mismos contratos.

DECIMO PRIMERO: En el Dictamen pericial 1140 de 14 de marzo de
2003, rendido por el C.T.I., dentro de las conclusiones se manifestó lo
siguiente: “El contrato corresponde a $2.092.990.533, el valor liquidado
según actas fue de $2.092.946.156, que lo verificado en cuanto a precios y
cantidades de obra hasta donde se pudo constatar fueron $1.825.061.844., eso
significa que el dictamen no fue concluido y no evalúo todas las cantidades de
obra.

16

Los peritos no determinaron que cantidades de obras dejaron de examinar y
por eso llegan a la siguiente conclusión: “Hay contratos por $2.549.140.923,
actas de liquidación final por $2.538.221.829, sobrecostos por $144.713.020
y hay casos en que no obstante hallarse las obras ejecutadas no tienen los
soportes conforme a los parámetros señalados por el propio contratista en las
cláusulas de los subcontratos” y esto es totalmente FALSO porque todos los
soportes están en los Anexos No. 5 y 8, y esto demuestra es la ineficiencia por
parte de los peritos por el apremio del tiempo que les exigían.
DECIMO SEGUNDO: La prueba señalada con el No. 42, por parte de la
fiscalía en la resolución de situación jurídica que sirve de soporte probatorio
de la resolución de acusación, establece que el Dictamen contable No. 134 del
25 de junio de 1999, fue rendido por la investigadora del C.T.I., Mónica
Escamilla Contreras, como dictamen pericial, en consecuencia es FALSO que
este informe es un simple informe de policía judicial.
DECIMO TERCERO: Una de las conclusiones en las que coinciden todos
los informes periciales es que “El valor de la conciliación luego de los
descuentos pertinentes fue pagado al Dr. PABÓN ARRIETA el 17 de junio
de 1998 con un cheque por valor de $3.351.368.053”, esto quiere decir que a
todos los sujetos procesales la fiscalía nos distrajo, con la imputación que le
hicieron a Fernando Torne Brown, como Administrador Delegado, cuando la
realidad y la verdad procesal es que quien actuó en todo el proceso de la
conciliación desde que se presentó en la Cámara de Comercio de
Barranquilla, fue JUAN PABÓN ARRIETA, es decir a esta persona,
versada, conocedora, profesional del derecho y la cual cuenta con todos los
fundamentes legales y técnicos para explicar el proceso de conciliación, sin
embargo a él se le excluyo para que en la actuación procesal no se pudiera
contar con sus declaraciones. Ahora la presencia de él, en el juicio será de
carácter de testigo y ello lo coloca en unas condiciones de favorabilidad para
él y desfavorable para nosotros.
DECIMO CUARTO: El ente instructor en su momento, instruyó a los
peritos a tomar como precios de referencia, precios de entidades oficiales, sin
embargo, los peritos de manera ilegal y contrariando la misión de trabajo,
hacen caso omiso a la orden judicial y amañadamente usan unas REVISTAS
SISPAC FALSAS, debido a que los precios que ellos registran en sus
informes no corresponden a los precios reales de las Revistas SISPAC.

17

DECIMO QUINTO: Ninguno de los dictámenes periciales o los informes de
los peritos cumplió con las normas, los procedimientos y los requerimientos
del sistema de cadena de custodia, hasta el punto que uno de los peritos de
manera desafiante se ha dado el lujo de apoderarse en su oficina de la cinta
VHS y solo ha remitido unos CDs, editados y sobre ello, desafortunadamente
se ha guardado silencio frente a nuestras denuncias de ilicitud y falsedades
que se han interpuesto.
DECIMO SEXTO: Los planos y el video no son auténticos, carecen de
validez, los planos originales entregados por el propio Banco de la Republica
a los peritos desaparecieron y hoy día todavía no están aportados al
expediente, incluso los conseguidos en la Corte Suprema de Justicia y
aportados al expediente para subsanar su inexistencia, no son los tomados
para el análisis de los precios y de los dictámenes periciales, al igual que los
planos eléctricos, hidráulicos y sanitarios y el Video que fue almacenado en
un formato VHS, ahora aparece en tres CDs y ese cambio alteró la
autenticidad del documento fílmico y lo más grave es que los peritos se han
quedado con el original y no permiten que ninguno de los sujetos procesales
tengan acceso al original.
DECIMO SEPTIMO: La acusación por la cual se adelanta este juicio es
también porque supuestamente se “generaron intereses en cifra cercana a
los $105 millones que no ingresaron a las arcas de las cuentas del
contrato, como debió ser ya que se trataba de dineros oficiales”, sin
embargo, resulta que ahora en medio del debate probatorio se ha encontrado
con una PRUEBA NUEVA que no había sido conocida por el hecho de que
esta se había ocultado en el cuaderno de medidas cautelares, el cual durante
un tiempo de la actuación tuvo la característica de ser de carácter
RESERVADO, pero resulta que allí habilidosamente los funcionarios
judiciales camuflaron los extractos de la cuenta de la obra denominada F.C.O.
FAM a nombre de Fernando Thorne Brown- Alcaldía Distrital de
Barranquilla.
En el cuaderno de medidas cautelares, están los extractos bancarios de la obra
(fls. No. 214 al 294) y allí aparecen las consignación a través de notas créditos
de los rendimientos financieros, lo cual está certificado por la Fiduciaria del
Banco Ganadero en el folio No. 212 del Cuaderno No. 8 por valor de
$105.584.665.oo, en la Cuenta de la Administración, denominada “NUEVA
SEDE ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA” e identificada con
el No. 098-09623- 3 y la cual fue abierta para el manejo de los recursos del
contrato de Administración Delegada y esto está probado en los folios No.

18
215, 218, 220, 222, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 240,
241, 242, 243, 244, 247 y 248 del Cuaderno de Anexo de Medidas Cautelares.
Este cuaderno, no había sido objeto de análisis en los procesos y ahora con su
descubrimiento se demuestra que todos los rendimientos se consignaron en la
cuenta del Fondo de la obra.
Los rendimientos financieros están certificados por la Fiduciaria del Banco
Ganadero en el folio No. 212 del Cuaderno No. 8 por valor de
$105.584.665.oo y los cuales fueron consignados en la cuenta abierta a
nombre de la Obra Nueva Sede Alcaldía Distrital- Fernando Thorne, Cuenta
Corriente No. 09809623-3, según consta en los extractos Bancarios del mes
de mayo, de los folios No. 26, 28,29, 37,42 y 43 del Anexo No. 22 y en los
folios 215 al 295 del cuaderno de medidas cautelares, mas sin embargo el
Dictamen Pericial No. 134 de 1999, cerceno u omitió estos ingresos,
alterándose los valores del dictamen, en los ingresos y en los gastos.
Pero para el señor juez, esto es una situación compleja para él, debido a que
me ha recordó reiteradamente que yo había sido condenado en el primer
proceso de este expediente por la supuesta apropiación por parte del
contratista de los rendimientos financieros y por la omisión de un deber legal
de mi parte, sin embargo, ahora que se conoce la verdad, a él como juez, se le
crea una dificultad por existir una decisión de su superior jerárquico, así
hubiera sido con pruebas ilícitas y falsas.
DECIMO OCTAVO: La acusación por la cual se adelanta este juicio, se
sustenta también con base en el denominado DICTAMEN PERICIAL 134 DE
1999, sobre el cual el Tribunal Superior de Bucaramanga, en su decisión de
segunda instancia en el primer proceso conexo a este, concluyo que era un
informe de policía y fue valorado como un simple documento probatorio, pero
al margen de la naturaleza del informe, lo cierto es, que es un INFORME
CONTABLE y como informe contable debe sujetarse a las normar contables
existentes en el Código de Comercio y al Régimen de Contabilidad Pública,
integrado por tres elementos: 1. El Plan General de Contabilidad Pública
(PGCP) 2. El Manual de Procedimientos y 3. La Doctrina Contable,
conformada por los conceptos que interpretan las normas contables, emitidos
por el Contador General de la Nación, los cuales son de carácter vinculante.
Sin embargo, el documento elaborado por la perito MONICA ESCAMILLA,
carece de los soportes contables, inventarios y estados financieros, por ello
incurrió en el error de elaborar un informe incompleto y carente de
comprobación.

19

El Código de Comercio perentoriamente prevé que la contabilidad debe
suministrar una historia clara, “completa” y fidedigna de los negocios del
comerciante, no siendo dable hacerlo por partes, como aquí ocurrió. Por
tanto, si en este caso la contabilidad desatendía las exigencias legales, se
produjo su ineficacia probatoria, con independencia de la veracidad o no de
los datos incorporados en ella.
La declaración bajo juramento de la perito del día 14 de agosto de 2012, en la
fiscalía Cuarenta y Tres Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de la
Unidad de Delitos contra el patrimonio económico, donde manifiesta que los
informes 330 y 331, complementarios del informe contable 134 no fueron
concluidos porque el Banco BBVA no entrego la información solicitada y
especialmente la de los rendimientos financieros, esto es prueba más que
suficiente que demuestra que la perito no constato los extractos bancarios del
Banco Ganadero y tampoco valoró las cuentas del Banco de Bogotá, así como
tampoco los soportes que se le entregaron en la inspección judicial del día 24
de marzo de 1999, realizada en las instalaciones de la alcaldía distrital de
Barranquilla y donde se ordenó el cuestionario del dictamen contable, según
consta en el folio 228 del cuaderno No.5.
DECIMO NOVENO: La prueba de que la perito no hizo valoración de los
soportes contables y ello la llevo a presentar un informe contable incompleto
e inexacto, está en el hecho de que el contratista le hizo entrega en la
inspección judicial del día 24 de marzo de 1999, según el folio 230 del
cuaderno No. 5, donde el Administrador Delegado, hizo entrega de toda la
contabilidad, con sus soportes, actas de liquidación y pago de cada uno de los
subcontratistas.
Si la perito recibió toda esa información es inexplicable que se le haya
olvidado el subcontrato No. 012 por valor de $32.085.602.oo, existente en el
Folio 353, anexo No. 2, el Subcontrato No. 019, del folio No. 267-276, del
anexo 2, por valor de $65.669.700.oo, el Subcontrato No.31, del folio 130 a
133, del anexo 2, por valor de $44.000.000.oo, el Subcontrato No. 32, del
folio No. 177, del anexo 2, por valor de $44.000.000.oo, el Subcontrato No.
34, del folio 169, del anexo 2, por valor de $50.600.000.oo, el Subcontrato
No. 37, del folio 103, del anexo 8 ¼ , por valor de $44.000.000.oo, el
Subcontrato No. 36, del folio 93, del Anexo 8 ¼ por valor de $44.000.000.oo,
el Subcontrato No.35, del folio No. 92, del anexo 8 ¼, por valor de
$44.000.000.oo, para un total de $368.355.302.oo, contratados en aires
acondicionados.

20

Si la perito recibió toda la información contable, es inexplicable que se le
haya olvidado que en los folios No. 82, 263, 309, 357, 410 y 484 del Anexo
No. 9, Tomo 1 de 2, original aparezcan pagos a DISTRIAIRES, por concepto
del pago de los aires acondicionados contratados por valor total de
$279.632.457.oo y ella solo haya contabilizado en su informe 134 de 1999, en
el folio No. 130 del cuaderno No. 6, en el Capítulo #006- Aire
Acondicionado la suma de $36.217.917.oo. Es decir mientras en la
contabilidad aparecen pagos por $279.632.457.oo, la perito solo registro
pagos o contabilizo gastos por aires accionados por valor de $36.217.917.oo,
en su informe contable 134 de 1999.
Esto además de ser un grave error, representa una ilicitud y falsedad en la
contabilización de los gastos de la obra, aquí y en la Patagonia, pero como en
este proceso suceden cosas “PARANORMALES”, donde solo los
procesados vemos estos gastos en los libros de contabilidad y los funcionarios
judiciales no los ven, entonces se hace necesaria la intervención de un ente o
una entidad que intervenga y dirima esta cuestión donde no se requerirá como
en las películas paranormales, cámaras infrarrojas o de alta tecnología, sino
simplemente una actitud recta, correcta, objetiva y transparente.
Y algo más grave para la acusación de la fiscalía, es el hecho de que esta
prueba demuestra que el contratista había contratado $368.355.302.oo y solo
se habían pagado $279.632.457.oo, por lo tanto se adeudaba un saldo de
$88.722.845.oo.
Sin embargo el interventor de la obra, el Ingeniero Alcibíades Bustillo
Cervantes, en su certificación de saldos de la deuda que sirvió de soporte para
el arreglo directo solo incluyo una deuda por valor de $ 66.559.758.oo, y así
consta en el folio No. 231 del anexo 12, tomo 2 de 2, original.
Estas simples sumas y restas, propias de cualquier curso básico de
matemáticas o contabilidad, en este proceso se han convertido de lo más
compleja y hasta ahora no ha habida razón humana que haya permitido su
verificación o comprobación; Por eso y ante el hecho de que soy creyente,
siempre que visito la ciudad de Bucaramanga, asisto a la iglesia que está al
frente del Palacio de Justica, a rezar y rogarle a Dios y a la Virgen de Santa
Marta, que derrame bendiciones y sabiduría en el señor juez y en los
funcionarios del juzgado, para que se percaten de esta situación que no es
caprichosa, ni propia de un argumento defensivo, sino de una verdad procesal
inocultable y la cual es difícil de asumir por parte del despacho, porque como
lo he dicho ya el Tribunal Superior de Bucaramanga, en una ocasión

21
determinó que lo certificado por Bustillo, se había pagado en el contrato
principal y accesorio y lo cual aquí de la manera más sencilla se demuestra
que no era así.
VIGESIMO: La desviación, incumplimiento y actuación contaría a la ley en
la práctica del dictamen pericial de carácter técnico desde su propia iniciación,
no solo representa la TEORIA DE LOA FRUTOS DEL ARBOL
ENVENENADO, sino una simétrica, sistemática, continua y dirigida
actuación fraudulenta para propiciar una acusación contra los encartados y
esto lo afirmo con la seguridad misma de las pruebas que obran en él
expediente, teniendo en cuenta que en el auto del día 10 de noviembre de
1998(Folio 275, cuaderno No. 4), por medio del cual se ordenó la prueba
pericial, se determinó que fueran 2 ingenieros civiles y esto se incumplió sin
razón, argumentación o comunicación alguna. La prueba técnica, la termino
haciendo un ingeniero civil y una arquitecta.
En el decreto del dictamen pericial se determinó que se debían comparar las
cantidades de obras del contrato inicial con el accesorio y determinar si se
adicionaron obras en el contrato accesorio por una cantidad superior al 50%, a
las previstas en el contrato principal y esto no se hizo y tampoco se ha hecho
un “un análisis comparativo de todos los precios del contrato (principal y
accesorio) desde el punto de vista del comportamiento del mercado”, ver
folio 275 y subsiguientes del cuaderno No. 4.
Esto es otra prueba, de como de manera grotesca los informes periciales
fueron falseados e incurrieron en un fraude al objeto mismo de la prueba
porque nunca se hizo un estudio de precios del mercado, sino una fraudulenta
comparación de precios con una revista privada denominada SISPAC y en
esto hay que ser muy concreto, una cosa es un estudio de precios de mercado y
otra cosa es una comparación de precios con una fuente especifica de
referencia.
VIGESIMO PRIMERO: Lo más grave de todo este compendio de ilicitudes,
falsedades y fraudes, está en el hecho de que después de haberse superado un
largo tiempo de la instrucción, pero en un momento coyuntural importante
para la ciudad, se ordena un NUEVO DICTAMEN PERICIAL, el cual fue
rendido el 14 de marzo de 2003, con el No. 01140 de 2003.
Este NUEVO DICTAMEN PERICIAL (folio 41 del cuaderno de incidente),
ordenado por la fiscal de turno fue expreso en los siguiente:
(…)

22

1. La realización de un NUEVO DICTAMEN…

…Los precios serán tomados de los boletines que expide el
Departamento Administrativo de Planeación DANE, el Ministerio de
Obras Publicas o Camacol, para la época de la remodelación, según el
caso. Siempre debe indicarse la fuente de donde se extrajo el precio
base del presupuesto producto del dictamen a rendir…
…Confrontada la obra y el valor pagado por la misma, indicaran, en
cada caso, que sobrecosto se dieron e indicaran el valor indexado de
ellos a la época en que rindan la experticia…
(…)
¿Y qué paso?
Que los peritos de manera alevosa hicieron totalmente lo contrario a lo
ordenado en el decreto del nuevo dictamen.
Los peritos no solo prevaricaron, sino que desatendieron y les importo en
absoluto la ley, al volver a copiar textualmente las cifras de los informes
periciales A&I 140 del 8 de junio de 1999, el A&I 179 del 21 de junio de
1999, el informe A&I 361 del 29 de noviembre de 1999, el dictamen 097 de
2000 y el 021 de 2001, que habían sido objetados.
Luego entonces, ¿para que se admitió y se ordenó UN NUEVO DICTAMEN
PERICIAL?, si los peritos se iban a saltar todo principio y marco legal de la
objeción y del decreto mismo que ordeno la nueva pericia.
En este proceso, se ha violentado el principio de seguridad jurídica, las
decisiones tomadas por la fiscalía y en especial en lo relacionado con los
dictámenes periciales contable y técnicos, objetados, cuestionados, ilícitos y
tachados de falsos en este escrito afectan la certeza del contenido de los autos.
Y todo esto ha conllevado a una anarquía en la actuación procesal, donde el
principio de la confianza legítima en la actividad judicial se ha perdido en su
totalidad, después de 20 años de haber estado confiado en que las pruebas
técnicas y contables decían la verdad y ahora después de un breve ejercicio me
he encontrado con el vergonzante fraude procesal que se montó a partir de la
falsedad de unas pruebas, no queda más sino hacer una súplica al señor juez
para que tome las medidas necesarias y nos restablezca a los procesados las
garantías del derecho a la defensa y del debido proceso.

23

No decir nada, o invitarnos a esperar inmóviles y silenciosos la sentencia, es
un convite a admitir una responsabilidad inexistente, injusta y brutal contra la
dignidad humana y sus derechos.
Y en esto, deseo volverle a reiterar al señor juez, si lo que desea es mi muerte,
solo le solcito que me demuestre que los señalamientos que he efectuado en
esta NULIDAD, solicitud de exclusión y declaratoria de TACHA DE
FALSOS de los documentos contenidas en este escrito, son mentiras y
carentes de veracidad y le aseguro como se lo dije anteriormente, yo mismo
llegare al Palacio de Justicia con un arma y en todo el frente de la Estatua de
Luis Carlos Galán Sarmiento, me daré un pistoletazo, por defraudar la verdad
del expediente. El derecho de acceso a la administración de justicia implica la
garantía de la confianza legítima en la actividad del Estado como
administrador de justicia.
Esta confianza no se garantiza con la sola publicidad del texto de la ley, ni
se agota en la simple adscripción nominal del principio de legalidad.
Comprende además la protección a las expectativas legítimas de las
personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los
jueces va a ser razonable, consistente y uniforme.
No se deje llevar señor juez, por la solidaridad de cuerpo y termine
incurriendo en un mayúsculo error, al darle legalidad a unos dictámenes
periciales corruptos, hechos contrario a las ordenes decretadas, a sus
cuestionarios y a la verdad procesal del expediente.
VIGESIMO SEGUNDO: El auto del día 10 de noviembre de 1998, por
medio del cual se ordenó la prueba pericial, en el ordinal 5º, determinó anexar
a los autos y “téngase como prueba dentro de esta investigación penal las
copias que conforman la investigación fiscal No. 076 adelantada por la
Contraloría Distrital de Barranquilla” y la cual está en el Anexo No. 12,
Tomos I y II, según la numeración original del expediente y en ella
encontramos en el folio No. 11 y 12, una certificación de la contraloría donde
se certifica y prueba que el TOTAL DE COSTOS EJECUTADOS, fue del
orden de los $2.986.655.217.oo.
Esta cifra TOTAL DE COSTOS EJECUTADOS por valor de
$2.986.655.217.oo, desvirtúa y descalifica el dictamen pericial 134 de 1999 y
los dictámenes periciales ilícitos, falsos y objetados, incluyendo el nuevo
dictamen 01140 de 2003. En el total de costos ejecutados por el contratista

24
según la contraloría $2.986.655.217.oo, no están incluidos los costos
indirectos de la obra que representan aproximadamente 600 millones de pesos
y esto está probado según los pagos de costos indirectos relacionados en los
cuadernos de contabilidad.
Debo aclarar que hacer uso del anexo 12, tomo I y II de los cuadernos
originales no es algo que este procesado quiera hacer como argumento
defensivo, por el contrario, es simplemente utilizar los pocos medios
probatorios con que se nos permite contradecir las pruebas ilícitas, falsas y
fraudulentas originales en la instrucción y dentro de ellas está, esta que fue
incorporada como prueba por la propia fiscalía en su momento. Con esta cifra
de costos ejecutados según esta prueba aportada y reconocida oficialmente,
queda demostrado una vez más la falencia, carencia y falsedad de los informes
periciales contables y técnicos.

VIGESIMO TERCERO: El TOTAL DE COSTOS EJECUTADOS por
valor de $2.986.655.217.oo, certificados por la contraloría coinciden y
concuerdan con el dictamen pericial con referencia No. 2006-00131 de la
Misión de Trabajo No. 7028 del C.T.I. de la fiscalía y el cual fue suscrito el 29
de diciembre de 2006.
En este dictamen, se certifica que el contratista ejecuto obras en inversiones,
materiales, mano de obra, gastos administrativos y honorarios por la suma de
$3.674.794.634.oo (folio 66, cuaderno No. 51), según el perito Samuel Manga
Peláez y el cual también obra como prueba en este proceso que es conexo con
el primero dirimido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga.

VIGESIMO CUARTO: Los valores de los saldos adeudados al contratista y
certificados por el interventor y los cuales sirvieron de base para el arreglo
directo no fueron cancelados en los contratos principal y accesorio, según se
puede constar con un simple cruce de información entre los saldos de las
deudas certificadas y los pagos efectuados por el contratista a través de las
distintas entidades financieras, según los cuadernos de contabilidad, Tomos I y
II, según la numeración original del expediente.

VIGESIMO QUINTO: A Guillermo Hoenigsberg lo embalaron en este
segundo proceso, sobre la base de que fue el director de presupuesto cuando se
suscribió el contrato accesorio, que fue el ordenador del gasto del arreglo
directo, que había unos decretos que le delegaron el DOMINIO DEL HECHO
e incluso se dejó entrever en algunos escritos, que algunos documentos

25
remitidos a la Secretaria General del despacho del alcalde, donde Hoenigsberg
ejercía funciones públicas, habían sido alterados.

Sin embargo fíjense como actúa la partícula de Dios para dar luz, encontrar la
verdad y la salvación, en el cuaderno No. 5, folio No. 178 al 205, están cada
uno de los soportes que sirvieron de base para el pago del arreglo directo,
efectuado el día 16 de junio de 1998, con esta prueba y las allegadas en el
juicio por la misma Fiduciaria la Previsora, queda demostrado que
Hoenigsberg, no era el Secretario de Hacienda, no era el ordenador del gasto y
no suscribió documento alguno tramitando dicha conciliación y los
documentos que no se pudo cotejar su autenticidad, en la práctica son inocuos,
porque los que verdaderamente interesan fueron con los que la fiduciaria la
previsora pago.
Con esto se prueba la ilicitud, falsedad y el fraude procesal que habían
montado para embalarme en el trámite y ordenación del arreglo directo.
VIGESIMO SEXTO: Ninguno de los dictámenes periciales técnicos y
contables objetados y cuestionados, es claro. Ninguno es preciso y ninguno
explica los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones
como lo obliga la ley y no lo hacen por una sencilla razón de que ninguno está
concluido, todos los informes técnicos están inconclusos.
Todo lo anterior, me permite decir con certeza que cada uno de los puntos
relacionados anteriormente sobre los dictámenes periciales y en
consecuencia la sustentación de la Resolución de Acusación, está basada en
informes, dictámenes y pruebas totalmente ILICITAS Y FALSAS y ello
representa un FRAUDE PROCESAL.
Y frente a esta evidente, notoria, grosera y vergonzante ILICITUD Y
FALSEDAD, invito al señor juez a verificar, cada uno de los aspectos aquí
denunciados y sobre esa base, tomar las medidas correspondientes y en
especial la exclusión de las pruebas cuestionadas y tachadas de falsas.
LA PRUEBA DIABÓLICA EN EL PROCESO HOENIGSBERG
En el proceso que se adelanta contra Guillermo Hoenigsberg B, la resolución
de acusación está determinada en cuatro aspectos: 1. La apropiación de unos
rendimientos financieros en el orden de los 105 millones de pesos. 2. La
celebración de un contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, suscrito
el día 27 de agosto de 1994. 3. La existencia de unos sobreprecios en la
ejecución del contrato entre los meses de junio de 1994 a julio de 1995, por
valor de $144 millones y 4. La suscripción de un arreglo directo de unas
supuestas deudas por valor de $ 3.471.121.704.oo.

26

El soporte probatorio de la fiscalía está basado en tres pruebas: En una copia
del contrato accesorio; En unas Revistas SISPAC, del año de 1994 y 1995,
donde se tomaron los precios de referencia del mercado para determinar la
existencia de los sobreprecios y del dictamen pericial No. 01140 de 2003, que
insinúa que las deudas al administrador delegado se le habían cancelado en el
primero y segundo contrato.
Se han aportado pruebas, incluso una comunicación del propio director de la
revista SISPAC, donde supuestamente se tomaron los precios de referencia de
los dictámenes periciales y donde se certifica que las REVISTAS SISPAC,
utilizadas por los peritos son ilícitas y falsas, al no corresponder a las revistas
existentes y aportadas al juicio y finalmente está demostrado en los libros de
contabilidad y en el dictamen pericial 134 de 1999, practicado por la fiscalía
que las deudas incluidas en el Anexo No. 5, de la conciliación si son reales y
si las adeudaba la alcaldía al administrador delegado.
Y a pesar de que se ha probado y verificado que los Boletines informativos de
las REVISTAS SISPAC, utilizados por los peritos son FALSOS, en el
desarrollo del proceso, cada vez que se presenta una confrontación o
contradicción hacia las pruebas allegadas por los peritos, automáticamente se
nos censura a través de unas providencias donde tácitamente, se le ha dado
reconocimiento legal a las informaciones FALSAS.
En este proceso se ha invertido la carga de la prueba, se impide la
contradicción de las pruebas y para mayor gravedad, se nos ha impuesto a los
procesados a buscar elementos probatorios imposibles de encontrar.
En la confrontación de la prueba contra prueba, directa o indirecta, que, de
manera restringida hasta ahora en el desarrollo del juicio, hemos debatido cada
una de las pruebas de manera técnico científica y sin embargo todas nuestras
garantías so pretexto de que eso es para el debate en los alegatos se nos ha
denegado.
En la práctica, a los sujetos procesales se nos está exigiendo que nosotros
busquemos las REVISTAS FALSAS utilizadas por los peritos en sus informes
periciales y los planos originales, cuando ellos son los que deberían cumplir
con esa obligación legal.
Esto es un imposible jurídico, porque el debate aquí pareciera que no es
probatorio sino ideológico y subjetivo, por eso con el mayor respeto solcito al
señor juez que no permita que en esta actuación procesal se me imponga para
permitirme la contradicción de la prueba, la prueba diabólica negativa o la
prueba diabólica positiva, teniendo en cuenta que cuando se hace algún reparo
a las pruebas aducidas por la fiscalía, inmediatamente se prohíbe su
confrontación, como si ellas fueran sagradas.
¿De qué me defiendo?, ¿A que me defiendo?

27
He preguntado de manera insistente al despacho estos interrogantes, porque en
todo el recorrido del proceso de manera técnica he venido confrontando y
demostrando la ILICITUD Y FALSEDAD de cada una de las REVISTAS
SISPAC, supuestamente utilizadas por los peritos para conformar sus pruebas
que soportan el presente expediente.

Sin embargo, siempre en función del formalismo procesal y en sacrificio de la
verdad y la justicia, nunca se me ha permitido la contradicción y el derecho a
la defensa, siempre se me dice cualquier opinión sobre esto, vaya y expréselo
en la audiencia de alegatos y espere la sentencia condenatoria porque con las
pruebas ILICITAS Y FALSAS, aportadas y bendecidas por el despacho no
hay nada que hacer.
Siempre se me dice que espere la sentencia y sin embargo la Corte Suprema
de Justicia, Sala Penal, en sus distintos pronunciamientos, dice que mientras el
proceso esté abierto todo debe pedirse en el mismo, más cuando esta actuación
procesal, está regida por una transición normativa penal múltiple al tener
ocurrencia en los años 1993, 1994 y 1998, sin embargo cuando se trata de
aplicar la favorabilidad de las normas a mí se me prohíbe pedirla.
FUNDAMENTACION CONVENCIONAL DE LA CORTE
AMERICANA DE DERECHO HUMANOS

En caso que la interpretación de las normas nacionales, relacionadas con la
ilicitud y tacha de falsedad, la autenticidad e identificación técnico científica
de los elementos probatorios sea restrictiva, invoco en consecuencia la
Convención Americana de los Derechos Humanos, de conformidad al artículo
276 de la Ley 906 de 2004 que enarbola lo prescrito en los Tratados
Internacionales.
Ni el estado y ninguna autoridad por mucho poder omnímodo que considere
que este investido, puede justificar una actuación ilícita en nombre de la
verdad o la justicia.
En igual sentido, un proceso de persecución penal o de juzgamiento puede
beneficiarse de una ilicitud.
“La verdad no puede indagarse a cualquier precio”, dice el libro de:
González Montes, J.L., "La prueba obtenida ilícitamente
con violación de los derechos fundamentales (El Derecho
constitucional a la prueba y sus límites)", Revista de
Derecho Procesal, 1990, Nº 1, p. 36; Schäfer, K.,
Strafprozessrecht, Berlín, 1976, p. 271 y ss.

El sistema procesal penal, no es un conjunto de acciones ilimitadas en nombre
de la búsqueda de la verdad material y mucho menos puede ser un ardid para
perseguir o condenar a alguien por razones, políticas, económicas, raciales,

28
demográficas, religiosas o sociales, porque en Colombia en el artículo 1° de la
Constitución Política, se establece el respeto a la dignidad humana, el derecho
a la igualdad y la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con
violación del debido proceso y estos elementos son uno, de los pilares del
Estado Social de Derecho.
Lo anterior significa que los ciudadanos y en especial los procesados, están
protegidos frente a las arbitrariedades de las autoridades en todo proceso
judicial.
Hernando Devis Echandia, en su libro sobre la “Teoría general de la prueba
judicial, Tomo I, expresa que: “El esclarecimiento de hechos punibles no
sujeto a límite alguno entrañaría el peligro de destruir muchos valores
colectivos e individuales. Por ello la averiguación de la verdad no es un valor
absoluto”. Bien ha señalado la jurisprudencia alemana que “No es un
principio… que la verdad deba ser averiguada a cualquier precio”.
Dice Heliodoro Fierro-Méndez en su libro sobre “La prueba ilícita e ilegal”,
que la historia de la humanidad ha estado deplorablemente marcada por
persecuciones a enemigos políticos, a disidentes, a críticos, a inconformes y a
personas que luego terminan siendo identificadas como “chivos expiatorios”.
Con toda esta amplia literatura jurídica, doctrinaría o jurisprudencial, es
inexplicable que en este proceso penal, no exista un pronunciamiento de
alguna de las instancias que han trasegado por el expediente.
Es un HECHO NOTORIO, que los dictámenes periciales, son ilícitos, falsos
y fraudulentos porque las REVISTAS SISPAC, utilizadas por los peritos son
FALSAS y por eso nunca las aportaron y ningún funcionario judicial ha tenido
la voluntad de solicitarlas.
Ante el silencio y la condena con las mismas pruebas ilícitas que ahora
soportan este proceso, es necesario entonces acudir a los pronunciamientos de
la Corte Interamericana que, en el caso de MEMOLI VS. Argentina, en la
sentencia del 22 de agosto de 2013, manifestó lo siguiente:
“La Corte ha señalado que el trámite de las peticiones
individuales se encuentra regido por garantías que aseguran
a las partes el ejercicio del derecho de defensa en el
procedimiento. Tales garantías son: a) las relacionadas con
las condiciones de admisibilidad de las peticiones (artículos
44 a 46 de la Convención 4 ), y b) las relativas a los
principios de contradictorio (artículo 48 de la Convención)
y equidad procesal 5 . Igualmente, es preciso tener en cuenta
el principio de seguridad jurídica 6 ”.

4 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 85,
y Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, supra, párr. 49.
5 Cfr. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a
51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), supra, párr. 27, y Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, supra, párr. 49.

29

La Corte Interamericana de Derecho Humanos en el caso de LORI
BERENSON, en contra de la República del Perú, manifestó lo siguiente:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo “la
Comisión o la “CIDH”), PRESENTA ALEGATOS FINALES EN EL CASO
Lori Berenson, en contra de la República del Perú (en lo sucesivo “el ilustre
Estado”. “El Estado peruano” o “el Estado). La Comisión reitera en esta
oportunidad sus alegatos de hecho y de derecho formuladas en la demanda; en
sus observaciones al escrito presentado por el ilustre Estado peruano a la
Honorable Corte el 22 de julio de 2002; en la audiencia pública celebrada en
el presente caso y en sus demás presentaciones escritas formuladas a lo largo
del presente proceso internacional.
La regla de exclusión ha sido defendida por Midón, de la siguiente manera:
“toda vez que una prueba que sirva para verificar la comisión de un delito, sea
obtenida violando, trasgrediendo o superando los limites esenciales
establecidos en la Constitución (…), dicha prueba resultara procesalmente
inadmisible y, por consiguiente, deberá ser aportada o excluida como
elemento de juicio.”.
A manera de conclusión, puede decirse que las garantías que hoy invocamos y
suplicamos se apliquen en el procedimiento que se lleva a cabo en este juicio,
es con el objeto de garantizar los derechos que nos brinda la Convención y
Declaración Americana de los derechos humanos, vulnerados por los
dictámenes periciales que tienen como fuente de base la REVISTA SISPAC,
por ser totalmente, falsas y fraudulentas.
La convención Americana o Pacto de San José, determina que la invalidez de
la confesión obtenida mediante tortura, o la condena de personas con base en
pruebas ilícitamente obtenidas, violan los derechos humanos, en consecuencia
los estados deben disponer de medidas constitucionales que garanticen la
presunción de inocencia y el debido proceso.

FUNDAMENTOS LEGALES DE LA NULIDAD, ECXCLUSION Y
TACHA DE FALSEDAD CONTRA LAS PRUEBAS DEL PROCESO
Con fundamento en los artículos 29 de la Constitución Política, artículos 23,
235, 261 y 306 de la ley 600 de 2000, artículos 260, 359, 360, 455 y 457 de la
ley 906 de 2000, los artículos 168, 244, 245, 269 y 270 de la ley 1564 de
2012, se presenta esta NULIDAD, solicitud de exclusión y declaratoria de

6 Cfr. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a 51
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), supra, párr. 27, y Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, supra, párr. 49.

30
TACHA DE FALSOS de los documentos que soportan el presente juicio que
adelanta su despacho.

Nuestro propio constituyente establece la nulidad constitucional que opera de
pleno derecho, esto es sin necesidad de declaratoria judicial de la prueba
obtenida con violación del debido proceso y esto nos lleva a concluir que la
sentencia que tiene como fundamento alguna prueba ilícita, debe ser declarada
nula. La prueba ilícita, cuando ha servido de fundamento a la sentencia,
comunica su nulidad a la sentencia que tiene como uno de sus fundamentos a
esa prueba.
En síntesis, podemos afirmar que la prueba ilícita, que es nula de pleno
derecho, hace nula también de pleno derecho a la sentencia que se fundamenta
en ella así sea parcialmente.
Agréguese a lo anterior que el artículo 29 de la Constitución define claramente
que la prueba es nula sin que sea posible bajo ningún criterio interpretarla
como otra figura jurídica.
Cuando no se encuentra de manera expresa una disposición de la norma
procedimental penal, el artículo 23 de la ley 600 de 2000, faculta para aplicar
las normas del Código de Procedimiento Civil y de otros ordenamientos
procesales.
El artículo 235 de la ley 600 de 2000, dispone que se inadmitirán las pruebas
que no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso
o las que hayan sido obtenidas en forma ilegal, porque las ilícitas son de pleno
derecho.
El artículo 261 de la Ley 600 de 2000, determina que cuando el documento es
tachado de falso y se encuentre en otro documento se ordenara ¿Qué se le
envié el original, sin embargo aquí estamos frente al hecho de que los
documentos no están en otro proceso porque los que estoy tachando de falso,
fueron creados a partir de una falsedad ideológica y de un fraude procesal por
eso se hace necesario que antes de continuar con la actuación se resuelva
técnica y científicamente esta NULIDAD, solicitud de exclusión y
declaratoria de TACHA DE FALSOS de los documentos que soportan el
presente juicio que adelanta su despacho.
Así mismo se hace necesario decir que la Ley 1564 de 2012, relativa al
Código General del Proceso, en su artículo 244, establece que un documento
público y los privados emanados de las partes se presumen auténticos mientras
no hayan sido TACHADOS DE FALSO y en este caso estoy procediendo a
TACHARLOS DE FALSOS y debo llamar la atención en el hecho de que la

31
norma establece de que esta tacha se aplica en todos los procesos y en todas
las jurisdicciones.

En igual sentido el artículo 270 de esta última norma citada, establece el
trámite que debe dársele a la tacha de falsedad, en consecuencia solicito con el
mayor respeto al despacho se proceda de conformidad con la normatividad
legal.
En igual sentido, en la Ley 906 del 2004, en su artículo 455, que establece la
nulidad de la prueba ilícita y el artículo 457, es complementario al determinar
igualmente la nulidad por la violación a las garantías fundamentales, como ha
ocurrido en la presente actuación probatoria.
Debo dejar constancia que ante el FRAUDE PROCESAL, probado y
demostrado en el presente proceso por la ilicitud y falsedad de las pruebas y
frente a la prescripción de la acción penal causada frente a la mayoría de los
procesados, vuelvo a reiterar mis renuncias a las prescripciones presentadas
con anterioridad y esto lo hago para que no se me venga a decir la repetitiva
tesis de que, en el presente caso, lo que se busca es dilatar el proceso.
En consecuencia, solicito se me respete el derecho a la defensa, el debido
proceso y los derechos humanos, en la presente actuación procesal, para que
no se repita una condena fraudulenta de acuerdo a las pruebas nuevas
arrimadas al proceso, relacionadas con los rendimientos financieros.
Señor Juez, en nombre de la buena fe y la sana crítica, se profirió una
sentencia sin lógica, sin ciencia y sin la máxima de la experiencia.
Hoy día cuando han surgido las pruebas científicas o las pruebas de última
generación, no hay razón de ser, para que se profiere una decisión sin la más
mínima prueba y sobre todo en este caso donde simplemente se requiere de un
informe suscrito por un Contador Forense, bajo las normas establecidas para la
Auditoria Contable.
Por eso y para propiciar el restablecimiento del derecho a la defensa y el
debido proceso, solicito la NULIDAD Y EXCLUSION de las pruebas
señaladas como ilícitas y falsas, teniendo en cuenta que el numeral 2 y 3 del
artículo 306 de la ley 600 de 2000, establece como causales de nulidad la
comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido
proceso y la violación al derecho a la defensa.

NO HAY DELITO PERFECTO

Desde hace unos 100 años los avances de la técnica y la ciencia han permitido
descifrar acciones delictuales complejas y desconocidas, se pudo encontrar a

32
Jack el destripador; A el asesino de las Barajas; A el carnicero de Milwaukee;
Al loco de las bombas y cuantos otros ejemplos de criminales que se han
podido descubrir.

Hoy con todo el avance científico, no es posible que se llegue a una decisión a
partir de una inferencia, como cuando se dice que el Administrador Delegado
Thorne, se ha apropiado de 105 millones de pesos de los rendimientos
financieros, sin ninguna certeza probatoria, o un asiento contable y en especial
cuando todas las cuentas contables están sistematizadas, lo cual por ende
permite determinar cómo entro y como salió la plata, pero eso no se hace
porque siempre se busca la salida facilista, la de acusar sin demostrar.
Por eso para mí, era verdaderamente una incógnita, saber que se estaba
acusando de un peculado sobre unos rendimientos financieros por 105
millones de pesos, sin decirse el tiempo modo y lugar en que ocurrió el
desfalco, pero esto no se decía por pura ignorancia frente al tema y el
propósito preconcebido existente, sobre todo cuando los recursos se habían
manejado en cuentas Bancarias.
Por eso resulta ahora de gran importancia, saber que existen los extractos
Bancarios, encontrados en el cuaderno de medidas cautelares, se puede probar
que, de la Cuenta F.A.M., donde se produjeron los rendimientos financieros y
en los mismos valores que se produjeron, estos se transfirieron o trasladaron a
la cuenta de la obra.
Los valores que se reintegraron son los siguientes: $5.869.012; $7.764.767;
$19.940.703; $18.389.573; $15.135.622; $13.866.975; $ 6.226.736 y
$17.356.362.55 y la suma de estos, representan un valor de
$104.549.750.oo.
Los valores que se devolvieron de: $5.869.012; $7.764.767; $19.940.703;
$18.389.573; $15.135.622; $13.866.975; $ 6.226.736 y $17.356.362.55, son
exactamente iguales a la generación de los mismos rendimientos financieros
certificados por el Banco, lo cual evidencia aún más el hecho de que no hubo
nunca un peculado.
DEVOLUCION DE LOS RENDIMINETOS FINANCIEROS DE LA
CUENTA DEL FIDEICOMISO FAM No. 09623-9 CODIGO-2098 A LA
CUENTA CORRIENTE DEL FONDO DE LA OBRA No. 098-09623- 3
Concepto Fecha en que se
registró el
asiento en el
extracto

Valor Cuaderno de
Medidas cautelares

Observacione
s

Rendimientos
Financieros 09/05/1994 $ 7.764.767

Folio 226
19/05/1994 $ 5.869.012 Folio 227
21/06/1994 $ Folio 232

33

19.940.703

13/07/1994

$
18.389.573

Folio 29 Anexo 22

15/09/1994

$
13.866.975

Folio 242

21/10/1994 $ 6.226.736 Folio 42 Anexo 22
16/11/1994

$
15.135.622

Folio 247

21/11/1994

$
17.356.362.55

Folio 248

15/09/1994

$
13.866.975

Folio 242

Rendimientos Netos 104.594.777.5
5

Si a los $104.549.750.oo, se le agrega el valor de $1.237.381.45, que quedo
como saldo en la cuenta de la obra, da un resultado total de $ 105.787.131.45.
Los valores corresponden ordenadamente a cada uno de los meses donde se
produjeron los rendimientos financieros, según se puede comprobar en el
cuadro de la evolución de los rendimientos financieros que fueron
certificados, según aparece en los Folios No. 212, 213 y 214 del Cuaderno No.
8.
Quiere decir esto que DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
MOBILIARIA F.A.M. CUENTA No. 098-09623, según lo registra cada
asiento contable, se reintegraron, reinvirtieron o devolvieron a LA CUENTA
CORRIENTE DEL FONDO DE LA OBRA No. 098-09623- 3, la suma de
$104.594.777.55.
Si al valor total de $104.594.777.55, le sumamos el valor del saldo que quedo
hasta el día 30 de mayo de 1995, ($1.401.264.45.oo), según consta en el folio
No. 293 del Cuaderno de Medidas Cautelares y el cual se presume se
consignó en el mes de junio en la cuenta de la obra, tenemos entonces que el
valor total de los intereses reintegrados, reinvertidos, consignados o devueltos
a la cuenta de la obra, representan un valor total de $105.996.042.oo.
Los $105.996.042.oo, corresponden al valor exactamente igual a los
rendimientos financieros que supuestamente se había apropiado el tercero,
contratista de la obra o Administrador Delegado, por la omisión de los
servidores públicos que tenían a su encargo “la ejecución, control y vigilancia
del contrato”.
Es decir, con los rendimientos financieros se sufragaron los gastos de la obra y
esto esta soportado en cada cheque registrado en los extractos y en la
contabilidad, los cuales nunca fueron cuestionados o conocidos en el tiempo
de los debates y para mayor precisión les indico las fechas en que se
consignaron en la Cuenta de la Obra No. 098-09623- 3, a nombre del
Administrador y de la Alcaldía y estos retornos del dinero se efectuaron así:
mayo 9 de 1.994, $ 7.764.767; Mayo 19 de 1.994, $ 5.869.012; Junio 21 de

34
1.994, $19.940.703; Julio 13 de 1.994, $18.389.573; Septiembre 15 de 1.994,
$ 13.866.975; Noviembre 16 de 1.994, $ 15.135.622 y el 21 de Noviembre de
1.994,$ 17.356.362,55, para un total de $98.323.014.80, a los cuales habría
que sumarle el descuento de la Retefuente y de la Comisión Bancaria que hizo
directamente el Banco, por unos valores de $ 6.656.082 y de $10.565.089.oo,
respectivamente para un total de $105.651.941.oo.
Esto está demostrado en los Extractos nuevos conocidos en el cuaderno de
medidas cautelares y del Anexo No. 22.

Esta es la verdad procesal, la verdad histórica, la verdad probatoria, la que está
por encima de la verdad declarada y no podrá sacrificarse.
Por eso siempre digo: “Si la ciencia ha logrado descubrir algo tan diminuto,
como la partícula de DIOS, (El bosón de Higgs), algún día con la ayuda de
Dios, alguien me escuchara y se decidirá a practicar una simple prueba de
técnica contable y allí se demostrará la injusticia cometida y la que se pretende
hacer a partir de pruebas falsas, porque algunos Juristas que creen ser
médicos, ingenieros, matemáticos y contadores hacen del derecho una ciencia
acientífica.

MIENTRAS EL SISTEMA JUDICIAL SE PROTEGE Y MODERNIZA
FRENTE AL ATAQUE DE LOS FALSOS TESTIMONIOS Y LAS

PRUEBAS FALSAS

EN EL JUZGADO TERCERO PENAL DE BUCARAMANGA TODO

ES INAMOVIBLE

Soy consciente señor juez, de su deseo e intención de culminar con este
proceso, frente a los 11 años que cumplirá este juicio el 19 de abril de 2017,
pero ése propósito no puede ser mecánico o una simple suma de días para
anotarla en su record estadístico de procesos evacuados por su despacho.
En el caso de Sigfredo, ordenaron la práctica de pruebas en USA, en el
proceso de Colmeneras, se ordenaron varios dictámenes periciales, en el caso
de los falsos testimonios se creó hasta una unidad de verificación de los
testigos, por parte de la fiscalía en función de ofrecer garantías a los derechos
fundamentales de los procesados.

Sin embargo, en su despacho, todo es inamovible, las pruebas de la fiscalía
son inexpugnables y se tiene prohibido cualquier contradicción sobre las
mismas, con el argumento de que todo se debe plantear en los alegatos y
sujetarse a la sana crítica y la máxima de la experiencia del señor juez.
Pero ocurre que la sana critica, está constituida no solo por el poder autónomo
del juez y de su experiencia, sino que está también integrada por los principios

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de la lógica, las leyes científicas, la legalidad y la lealtad en la actuación
procesal.

“LA CIENCIA FORENSE ES INFALIBLE”

Si la ciencia forense es infalible como se dice en el argot científico,
entonces surge la pregunta ¿Por qué en este proceso no se permite el uso
de la ciencia forense?

El despacho, con el mayor respeto lo manifiesto y con el fin de hallar la
verdad verdadera del juicio debe permitir la intervención de unos contadores
forenses que realicen una Auditoria Financiera Forense sobre la ILICITUD Y
TACHA DE FALSEDAD, expresada en este escrito y allí se resolverá
absolutamente todo, teniendo en cuenta que el debate central de este proceso
es contable y financiero y este tipo de auditorías son científicas.
Aportadas a este juicio las revistas reales y originales SISPAC y con la propia
certificación del director de la revista y de CONSTRUDATA, queda probado
la falsedad y el fraude aquí denunciado y si esto, no tiene ninguna
trascendencia en la presente actuación procesal, es verdaderamente una
preocupación frente a mis garantías que como sujeto procesal, así sea en
calidad de acusado, por eso aspiro que usted, señor juez, en su buen criterio de
juez, pueda darle un reordenamiento a la presente actuación procesal,
ordenado las pruebas técnicas, contables y financieras necesarias.

SOLICITUD DE PRUEBA

Con el objeto de que el señor juez tenga los elementos materiales probatorios
suficientes para resolver este proceso fraudulento y lleno de falsedades
probatorias, solicito a usted lo siguiente:
1. Se ordene la realización de los dictámenes periciales de acuerdo a lo
establecido en el auto del 10 de noviembre de 1998 (folio 272, cuaderno
No.5), al cuestionario de la inspección judicial del 24 de marzo de 1999
(folio 228 del cuaderno No. 5) y a lo ordenado en el decreto del nuevo
dictamen pericial según auto del 27 de diciembre de 2001(folio 41 del
cuaderno de incidente).
PETICION DE NULIDAD Y EXLCUSION DE PRUEBAS
Con fundamento en los artículos 29 de la Constitución Política, artículos 23,
235, 261 y 306 de la ley 600 de 2000, artículos 260, 359, 360, 455 y 457 de la
ley 906 de 2000, los artículos 168, 244, 245, 269 y 270 de la ley 1564 de 2012

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y en especial el numeral 2 y 3 del artículo 306 de la ley 600 de 2000, solicito
la NULIDAD Y EXCLUSION del dictamen pericial contable 134 de 1999 y
los dictámenes técnicos No. A&I 140 del 8 de junio de 1999, el A&I 179 del
21 de junio de 1999, el informe A&I 361 del 29 de noviembre de 1999, el
dictamen 097 de 2000; el 021 de 2001 y el 01140 de 2003, de acuerdo a las
demostraciones expuestas en esta petición.

Agradezco señor juez, su pronta y oportuna intervención, manifestación,
resolución y respuesta a este recurso de NULIDAD, solicitud de exclusión y
declaratoria de TACHA DE FALSOS de los documentos que soportan el
presente juicio que adelanta su despacho.

Atentamente,

GUILLERMO HOENIGSBERG B

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