EL ABC DEL PROCESO DE LOS EX ALCALDES DE BARRANQUILLA POR LA COMPRA DE UN LOTE

Jamás, uno se imagina, que en un Estado Social de Derecho, con unas instituciones de reconocimiento internacional, se pueda procesar a unas personas omitiendo de la manera más premeditada y ostensible, las pruebas del expediente.

Cuando se lee, se observa y se escucha sobre noticias nacionales de como un inocente había sido condenado, en su vida, profesión, honra y sociedad, a cualquiera, eso parece normal, dentro de las fluctuaciones arrítmicas de todo sistema, pero hoy como en el poema de Bertolt Brecht, cuando me ha tocado se puede ver esto de manera directa, se siente inmediatamente con rigor la crisis del sistema judicial, pero como sé que todavía no es tarde, que no todo está perdido, nos corresponde aferrarnos a la inocencia y a la convicción de los hechos y las pruebas, para lograr que ese monstruo que nos ha tragado como a Jonás, nos escupa de su vientre.

No se puede saber, cuántos años pueda durar una labor para demostrar una doble inocencia, pero sé que Nelson Mandela, con 20 años de prisión sobre sus cuestas, lo logró, así como Jubiz Hazbun, Sigilfredo López, el Almirante Bacci y muchos inocentes condenados que lo han alcanzado y esa meta la hemos emprendido sobre la base de mostrar la verdad material de las pruebas existentes.

En esta labor titánica no pueden determinarse tiempos, lo importante es iniciar la tarea que algún día dará sus frutos, porque en la tierra no hay nada oculto y todo se sabrá, mas ahora cuando en el campo del derecho moderno, comienza a erigirse el control convencional, con unos ojos de mentes brillantes que actúan de manera mesiánica, así como también las fuerzas internacionales que logran ver lo que otros intentan tapar y esto no es solo en el campo del derecho sino también en las ciencias, como está ocurriendo con el Bosson de Higgs, “La Partícula de Dios”, inspiración de este portal.

Debe quedar claro y taxativo que en las condenas a los Ex alcaldes de Barranquilla, Bernardo Hoyos Montoya y Guillermo Hoenigsberg B, por la compra venta del lote el Vesubio, no existe un solo cuestionamiento de corrupción, apoderamiento de dineros, carrusel de contratación, vinculación de familiares, cobro de comisiones o existencia de sobreprecios.

Los fundamentos para haber fallado adversamente a los ex alcaldes, son por aspectos técnicos e interpretativos y sobre los cuales se hará una breve exposición para que cada uno de ustedes, de manera directa lean los documentos existentes en el expediente, hagan su propia evaluación y saquen sus propias conclusiones.

En el proceso estaba vinculado Juan Cure Vilaro, como el tercero beneficiario de los recurso desembolsados, sin embargo la fiscalía resolvió mediante una ruptura procesal, hacerle un juicio aparte y en ese juicio esta persona fue absuelta, más cuando se demostró en una constancia de la Sociedad vendedora, donde expreso el reintegro de los recursos en el porcentaje del bien inmueble que corresponda y lo cual es un asunto ahora, de carácter administrativo.

Esta dinámica que proponemos en este portal, será hacia el futuro la principal reforma que el sistema judicial debe afrontar, es decir la digitalización y sistematización de las actuaciones judiciales y así se pueda permitir que la sociedad de manera libre, pueda acceder directamente a los documentos de cualquier expediente, para que de manera transparente y autónoma realicen sus propias evaluaciones y conclusiones.

A partir de este enfoque, entregamos a todos los visitantes de este portal, los documentos del proceso y donde resaltamos algunas afirmaciones de los falladores.

Las conclusiones de los fallos de primera y segunda instancia, se sintetizan en lo siguiente:

El juez de primera instancia en el fallo del 30 de septiembre de 2011, manifestó que: “De igual forma los certificados de disponibilidad y reserva presupuestal debieron ser previos a la elaboración del contrato, cosa que como ya sabemos el contrato se firmó el 20 de agosto y los certificados de disponibilidad se expidieron el 11 de septiembre de 1.998”.

El Tribunal Superior, en la providencia de segunda instancia, manifestó en la página No. 26, con relación al certificado de disponibilidad presupuestal, manifestó lo siguiente: “y el gasto pueda realizarse previa la expedición del certificado de disponibilidad.” “Cosa que no ocurrió aquí, por lo tanto, y pese a la afirmación del defensor, y estando demostrado que dicho certificado fue expedido después de la suscripción de la promesa de compra venta, aquí se encuentra sin lugar a hesitación ninguna otra omisión que da lugar a la actualización del tipo penal que hemos venido desarrollando a lo largo de este acápite del proveído”.

Los Magistrados de la Sala Penal, del Tribunal Superior, en su sentencia se pronunciaron así: “Avalúo que nunca fue efectuado o siquiera solicitado, y ante esto los procesados y sus defensores han guardado silencio”. “Ya que si bien la estimación del precio del bien lo hizo un perito adscrito a Agustín Codazzi, no lo fue en ejercicio de sus funciones sino como particular”.

En la página No. 25 de la sentencia de segunda instancia se afirma lo siguiente: “Y que como quiera que el arquitecto RAFAEL TOVAR VANEGAS se encontraba adscrito según número de matrícula 036 R. A. P., se encuentra subsanado dicho trámite, pues no, por cuanto es el mismo decreto en mención que establece en su “Parágrafo. Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles”, no encontrándose en ningún aparte del expediente la delegación de la labor encomendada al arquitecto en mención, por parte de la lonja”. “Situacion esta que en si misma actualiza el tipo penal en mencion, toda vez que la suscripcion del negocio juridico tuvo lugar al valor que el determino el arquitecto Rafael Tovar Vanegas”.

En la página No. 31 y 32 de la sentencia de segunda instancia se afirma además lo siguiente: “No existiendo al interior de la foliatura copia ninguna de la respectiva asignación o siquiera la respectiva solicitud. Es decir, que el peritazgo se hizo como persona natural más no como contratista del ente con capacidad para el propio”.

En conclusión, las condenas están basadas en dos pilares fundamentales.

El primero, es en lo relacionada con la supuesta inexistencia de los certificados y registros presupuestales, previos a la contratación.

Y un segundo aspecto que se cuestiona, es el hecho de que el avalúo realizado por el perito Rafael Tovar Vanegas, es irregular porque supuestamente esta persona natural no lo podía hacer de manera directa, porque él Distrito tenía que hacer la solicitud del avalúo a una lonja de manera especial, concreta y directa y esta a su vez debió determinar de manera expresa quien era la persona natural que adelantaría el avalúo.

Estas dos supuestas acciones omisivas, no la realizaron los ex alcaldes, según lo señalado en los fallos y ello en sí, enerva de manera automática la actualización del tipo penal de celebración de contratos sin requisitos legales y el peculado por apropiación a favor de terceros.

Ahora bien, los elementos probatorios existentes en el expediente que son la verdad procesal, dicen algo totalmente opuesto a las declaraciones de los falladores y demuestran que en el proceso se ignoraron las pruebas sustanciales de las acusaciones.

Como demostración de ello, presentamos a ustedes los elementos probatorios que sustentan esta realidad procesal.

En los folios No. 88 y 89 del cuaderno del juicio No. 3; Del folio No. 89 del cuaderno No, 3 del juicio, se tiene un CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL 31 DE JULIO DE 1998, el cual demuestra que antes de la suscripción de la promesa de compra venta, agosto 20 de 1998, se había expedido el certificado de conformidad con el artículo 19 del Decreto Nacional 568 de 1996; En el folio No. 87, del cuaderno No. 3 del juicio existe una certificación del Alcalde Bernardo Hoyos Montoya, solicitando la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal para proyectos de vivienda de interés social y esta tiene como fecha el 28 de julio de 1998, lo cual prueba que fue solicitado antes del 20 de agosto de 1998, fecha para la cual se suscribió la promesa de compra venta.

En los folios No. 238 al 260 del cuaderno No. 4 del juicio, el informe de la perito del C.T.I., doctora Mónica Escamilla Contreras, certifica que en el Decreto No. 025 de 1998, por medio del cual se liquidó el presupuesto del Distrito de Barraquilla, aparece una apropiación presupuestal en los gastos de inversión de la Secretaria de Hacienda, como aporte integral a Fonvisocial, por valor de $ 5.993.103.949.oo.

Al margen de cualquier controversia, referente a los certificados de disponibilidad presupuestal, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, zanjo esta discusión sobre la apropiación presupuestal a través de la jurisprudencia No. 29285 de 2008, donde concluyo con lo siguiente:

 

(…)

-Cuestiones adicionales

-Anejo a estas irregularidades, la Fiscalía cuestionó la ausencia de los certificados de disponibilidad presupuestal para el momento de suscripción de las invitaciones -17 de diciembre de 2002- pues aquéllos fueron expedidos tres días después, esto es, el 20 de diciembre.

Pues bien, en relación con el certificado de disponibilidad presupuestal, el artículo 19 del Decreto 568 de 1996, dice que es el documento en virtud del cual el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos.

Este documento, agrega la norma, afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal.

A su turno, el artículo 20 idem, hace referencia al registro presupuestal para explicar que es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando de esta manera su no desviación hacia otro fin.

En el caso en estudio es clara la existencia de la partida presupuestal, habida cuenta que mediante el Decreto 2024 del 23 de septiembre de 2002 el gobernador, autorizado debidamente por la Asamblea, efectuó traslados de recursos de regalías adicionando y apropiando en $1.372.546.000 el sector Educación. Con estos recursos se acreditó la adquisición de los bienes definidos en los objetos de los contratos aquí analizados, según dan cuenta los informes de policía judicial que establecen esta operación.

Si bien es cierto para el 17 de diciembre los certificados aún no habían sido expedidos, no lo es menos que la partida presupuestal si existía y que, sus creaciones – 20 de diciembre de 2002- anteriores a la suscripción de los contratos, -23 de diciembre-, respaldaron los compromisos adquiridos por la administración, propósito final de las disposiciones mencionadas.

(…)

 

Esta jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte que tiene fuerza vinculante, especifica lo que es una disponibilidad presupuestal y donde ella expresa que lo determinante en materia presupuestal es garantizar la existencia de los recursos de acuerdo al mandato del artículo 345 de la Constitución y en el caso presente se tiene que en los folios No. 238 al 260 del cuaderno No. 4 del juicio, existe el informe de la perito del C.T.I.

Este dictamen, realizado por la doctora Mónica Escamilla Contreras, como funcionaria perito judicial, certifica que en el Decreto de la Alcaldía, No. 025 de 1998, por medio del cual se liquidó el presupuesto del Distrito de Barraquilla para la vigencia fiscal de 1998, existe una partida de apropiación presupuestal en los gastos de inversión de la Secretaria de Hacienda, como aporte integral al Fondo de vivienda de interés social, por valor de $ 5.993.103.949.oo., es decir existe la apropiación presupuestal.

Con esto, se pulveriza la base y el sustento condenatorio, de que la suscripción de la promesa de compra venta se surtió sin cumplir con los requisitos legales, por haberse suscrito sin contar con la certificación de la disponibilidad presupuestal, cuando aquí los informes de policía judicial y las pruebas dan cuenta que si existía una apropiación presupuestal desde cuando se expidió el presupuesto para el año de 1998 y lo cual quedo ratificado con el Decreto de adición presupuestal del 4 de junio de 1998

Pero aún más, los folios citados arriba en materia presupuestal demuestran que el alcalde si hizo la solicitud de la certificación presupuestal y el director de presupuesto, expidió una certificación el día 31 de julio de 1998, es decir mucho antes de suscribirse la promesa de compraventa y estas pruebas fueron omitidas en las decisiones que se tomaron.

Las pruebas y las argumentaciones, sobre la omisión en que se ha incurrido, se han expuesto hasta en la saciedad en cada uno de los recursos interpuestos, sin embargo sobre ello ninguna de las instancias, ha hecho referencia sobre esas pruebas, siempre se ha guardado silencio.

Los seres humanos por naturaleza ocultan los errores y solo cuando hacen uso del raciocinio y el intelecto, es cuando aceptan que el reconocimiento de los errores, es un proceso dialectico que nos permite avanzar hacia una sociedad moderna, pero para ello se requiere de una voluntad y en estos tiempos difíciles, muchos prefieren taparlos, pero eso nunca podrá ser superior a la fuerza de la verdad.

En apego a lo anterior, espero que hacia el futuro alguna instancia o persona investida, haga uso del raciocinio, el intelecto y el poder de la voluntad de reconocer que aquí se ha condenado a unos inocentes porque supuestamente se suscribió un contrato sin haber solicitado un certificado de disponibilidad presupuestal, cuando la verdad procesal y material demuestran que ellos si existen y soportaron la suscripción de la promesa de compra venta.

El segundo fundamento de la condena, está relacionada con el hecho del Avalúo y sobre el cual se ha dicho lo siguiente: “Avalúo que nunca fue efectuado o siquiera solicitado, y ante esto los procesados y sus defensores han guardado silencio”.

“Ya que si bien la estimación del precio del bien lo hizo un perito adscrito a Agustín Codazzi, no lo fue en ejercicio de sus funciones sino como particular”. “Y que como quiera que el arquitecto RAFAEL TOVAR VANEGAS se encontraba adscrito según número de matrícula 036 R. A. P., se encuentra subsanado dicho trámite, pues no, por cuanto es el mismo decreto en mención que establece en su “Parágrafo. Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles”, no encontrándose en ningún aparte del expediente la delegación de la labor encomendada al arquitecto en mención, por parte de la lonja”. “Situacion esta que en si misma actualiza el tipo penal en mencion.

Los fallos permite colegir cómo los Tribunales no desconocen esas afiliaciones del perito en reseña a la lonja o incluso al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sino que echan de menos una específica delegación para realizar el peritaje objeto de cuestionamiento, producto de previa solicitud expresa de la entidad contratante, documentos que no existen y, desde luego, no pueden ser reemplazado por las certificaciones de afiliación a las dichas instituciones”.

Estas afirmaciones son carentes de soportes probatorios y en el expediente se puede verificar, que si existe un avalúo, que el avalúo fue solicitado por la asesora inmobiliaria del Distrito, Carmen Escrigh Saieh, que el perito contratado para el avalúo fue realizado por un profesional idóneo, el doctor Rafael Tovar Vanegas, como persona natural.

El avalúo, se realizó previo a la suscripción del contrato de compra venta y allí se determinó que el valor del terreno para el año de 1998, tenía un valor comercial de $8.859.000.000.oo y el valor de compra fue por CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES.

Esto es una verdad probatoria, existente en el expediente que derrumbó la tesis de la existencia de los supuestos sobreprecios.

Como la tesis de la acusación de los sobreprecios se derrumbó, entonces ahora el problema no eran los sobreprecios, sino ahora el cuestionamiento es que el perito que hizo el avalúo, fue contratado de manera directa y según ellos, eso es irregular porque para ellos, según su interpretación de la norma, el avalúo debió solicitarse de manera escrita a una asociación inmobiliaria y esta entidad debió haber designado al perito con una comunicación de “expresa autorización para cada caso concreto”.

Estas aseveraciones de los juzgadores, es una interpretación restringida del parágrafo del artículo 27 del decreto 2150 de 1995 y omisiva de las otras normas vigentes para la época.

El Decreto 1420 de 1998, reglamentario de los avalúos, en ningún aparte de su texto, dice o establece un mandato a las entidades públicas, donde se obliga a contratar la realización de un avalúo, con una persona natural, siempre y cuando esta sea designada por los directivos de las lonjas, o sea se debe tener “expresa autorización para cada caso concreto” .

Al examinar el artículo 12 del Decreto 1420 de 1998, se observa que allí, se habla de que la lonja “designara para el efecto uno de los peritos privados o avaluadores que se encuentren registrados y autorizados por ella”, pero eso, solo seria para cuando se contrate a una “ENTIDAD”, como lo expresa taxativamente el primer literal del mismo artículo 12: “la entidad o persona podrá solicitar la elaboración del avalúo a una de las siguientes entidades”, es decir personas jurídicas.

Cuando se habla de entidades se está refiriendo a personas jurídicas, no a personas naturales, por eso la pertinencia de citar la definición que da el Código Civil, sobre las personas naturales y jurídicas.

Cualquier persona puede preguntar a cualquier perito lo siguiente:

¿Los peritos para hacer un avalúo a una entidad pública, deben esperar que la lonja o el colegio inmobiliario lo designen de manera expresa, para realizar su actividad profesional o la entidad pública puede contratarlos a ellos directamente?, todos le responderán que ellos pueden ser contratados directamente siempre y cuando el valor del avalúo, este dentro de los montos de la contratación directa que se refiere la ley 80 de 1993.

Establecer que los peritos privados, como persona natural, para ser contratados deban tener “expresa autorización para cada caso concreto”, por parte de las lonjas o las asociaciones en las que están afiliados, es como decir que las entidades públicas para contratar una obra, deben solicitar a las Cámaras de Comercio la designación de los contratistas.

La apreciación de que las lonjas, deban designar los peritos para que realicen los avalúos a las entidades públicas, es como decir que la DIAN, debe designar y autorizar a las personas en cada caso concreto, para que puedan realizar su actividad por estar obligadas a registrarse en el Registro Único Tributario, RUT.

También podría tenerse como ejemplo, lo del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería- COPNIA– en el cual el profesional de la Ingeniería para realizar sus actividades, deben estar inscritos en el COPNIA, pero para contratar con el sector público no están supeditados a que la Junta Directiva o el director o directora, lo designe para realizar un contrato con el sector público, en cada caso concreto, eso sería un entramado burocrático que la ley no lo permite.

Para mayor información, invitamos a que ustedes evalúen la situación especial existente para el año de 1998, con relación a la existencia de la diversidad normativa sobre la realización de los avalúos por parte de las entidades públicas y de las cuales destacamos el artículo 27 del Decreto Nacional 2150 de 1995, con su respectivo parágrafo; El artículo 61 de la Ley 388 de 1997; El artículo 11 del Decreto 151 de 1998 y el artículo 3, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del Decreto Nacional 1420 de 1998 y el literal a) del numeral 1 del artículo 24 de la ley 80 de 1993 que faculta a contratar directamente, cuando el contrato es de menor cuantía.

En estos decretos y normas se observa de manera explícita que el estado, acabo con el monopolio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como única autoridad para realizar los avalúos.

A partir del Decreto 2150 de 1995, se permitió que las personas naturales (Art. 74, C. Civil) y las personas jurídicas (Art. 633 C. Civil), pudieran realizar avalúos.

Con la expedición del Decreto 2150 de 1995, se generó una discusión sobre la libertad de asociarse y sobre la libertad de los profesionales de ejercer su profesión u oficio, lo cual conllevo a una demanda de inconstitucionalidad que fue resuelta mediante Sentencia C-492 de 1996.

La Corte Constitucional, en esa Sentencia, condicionó el Decreto 2150 de 1995, sobre el entendido que “una interpretación restringida de la norma implicaría la violación del derecho a la igualdad, la vulneración de la libertad de ejercer profesión u oficio y el establecimiento de un monopolio inaceptable a la luz de la constitución” y sobre esa base declaro exequibles las normas demandadas.

Las altas cortes en sus distintos pronunciamientos, con relación a los avalúos, han manifestado de manera unísona que la justificación para que el perito privado, pueda realizar avalúos dentro del ámbito de que se trata, debe, necesariamente, estar inscrito y autorizados en una lonja o asociación a fin de otorgar criterios de seguridad y de confiabilidad, por lo que en últimas, estas corporaciones tienen determinadas responsabilidades al inscribir los avaluadores, pero la autorización es genérica, no expresa para cada coso, como se pretende interpretar restringidamente en este caso.

Si un perito avaluador, para hacer un avalúo a una entidad pública, necesita que los directivos de una lonja lo designen o deleguen de manera específica para cada caso concreto, eso significaría que todos los procesos donde los jueces, han designado un perito avaluador de la lista de auxiliares de la justicia, existente en el Consejo Superior de la judicatura, serian nulos porque no cumplieron con esa exigencia que a los ex alcaldes les han impuesto, pese a las nuevas normas sobre avalúos vigentes y en especial a la ley 80 de 1993, que autoriza la contratación directa.

A pesar de esta realidad normativa, en los fallos se afirma y se asegura que el perito debió ser escogido o delegado por una lonja o asociación inmobiliaria, de manera expresa y a partir de esa premisa se fundamentó, el segundo pilar de la condena.

Que más autorización de una lonja podía exigirse, si el perito contratado, doctor Rafael Tovar, estaba registrado en la mayoría de lonjas y en la práctica eso representaba una autorización, hasta el punto que él era el coordinador de avalúos del Colegio Inmobiliario de Barranquilla y además era un perito avaluador contratado por el propio IGAC, para efectuar los avalúos que solicitaban las entidades públicas a esa entidad.

Ahora, ¿Qué interés ilícito podía existir, en contratar directamente al doctor Tovar?, si el valor comercial que él determinó en el avalúo, fue ajustado a los valores del mercado de la época de acuerdo a los avalúos practicados por los organismos judiciales y más cuando la propia fiscalía, absolvió a todos los procesados por interés ilícito en la celebración de contratos.

Esto, sinceramente es hilar delgado, o buscarle una quinta pata al gato.

Ahora, quienes pretendieron acusar a unas personas por la existencia de sobrecostos en la compra del lote, deben estar avergonzados, porque es un hecho, que el terreno según el último dictamen pericial, realizado en el año 2011, por las propias instancias judiciales, determinaron que el valor del lote en el año de 1998, tenía un valor comercial de $7.793.140.438.33 a razón de $1.413 el M2.

Es decir el lote se compró por CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES, valor muy inferior al valor comercial comprobado por los distintos avalúos y eso desvirtúo el supuesto sobreprecio, base principal de este juicio.

Ahora, en el año 2011, el valor del lote según los peritos es de $42 MIL MILLONES y hoy día se calcula que el valor ya asciende a los 65 MIL MILLONES DE PESOS.

Y allí, en esa olímpica valorización, es donde ha surgido un interés económico y financiero, una puja inmobiliaria sobre las resultas de este proceso, al guardarse silencio en lo relativo al restablecimiento y reparación del derecho.

En esencia, son estos los fundamentos básicos de la condena y sobre los cuales se ha hecho énfasis en este estudio, porque ellos solos, tienen la suficiente capacidad, y trascendencia de desmoronar las sentencias, si se entraran a valorar de conformidad con lo taxativamente expresado en las normas.

Sin embargo, a pesar de los recursos e insistencias, sobre la existencia de estas pruebas dentro del expediente, siempre se omite su valoración o lo que es peor, se guarda silencio, por eso en este proceso ocurre como dice el dicho, “No hay peor ciego que aquel que no quiere ver”.

Y para completar este viacrucis procesal, ocurrió algo para Ripley, resulta que se ha conocido que el juez de primera instancia cuando hizo las audiencias públicas de manera oral y las cuales constan en 17 Cds, donde están todos los testimonios, interrogatorios y declaraciones de los testigos, no fueron incluidas en al expediente y no fueron valoradas.

Esto significo que estas pruebas, hayan sido cercenadas, violándose la unidad del indicio.

Y frente a todo esto, ¿Qué se puede hacer?, seguir insistiendo y dándole a conocer a la sociedad una realidad concreta y pura que sucede en este país bello y de miles de felicidades, pero contradictorio, donde ni siquiera en la actuación, se aplicó el principio de favorabilidad, para cuando se presenta un conflicto entre normas vigentes.

Para veracidad y escrutinio de lo aquí expuesto, en el link de este portal, llamado “Archivos”, se puede acceder al documento “Las pruebas ignoradas en el proceso de la compra del lote”, donde están todos los soportes del expediente relacionados en este artículo y en el Link de “Procesos Penales”, se puede ver todas las providencias de los falladores sobre la compra del lote el Vesubio.

Gracias por su atención.

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